El Gobierno boliviano acusó a Evo Morales de estar protegido por personas “altamente armadas” en su bastión cocalero

El Gobierno de Luis Arce acusó este lunes al expresidente Evo Morales de estar protegido por escoltas extranjeros “altamente armados” en el Trópico de Cochabamba, el enclave cocalero donde el ex mandatario permanece atrincherado desde octubre de 2024. La denuncia, lanzada por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, alimenta las tensiones entre el Ejecutivo y el ex líder oficialista, que insiste en postularse a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto pese a estar legalmente inhabilitado.

Según Ríos, Morales cuenta con tres anillos de seguridad. El primero, el más cerrado, estaría integrado por personas extranjeras cuya nacionalidad no fue revelada, pero que, según el ministro, están fuertemente armadas. El segundo círculo incluye dirigentes radicales afines al expresidente, “dispuestos a entregar la vida”, y el tercero está compuesto por grupos con escudos y lanzas artesanales. “Es información que nos han hecho llegar dirigentes y compañeros patriotas del Trópico”, afirmó Ríos en declaraciones reproducidas por medios locales como El Deber.

La localidad de Lauca Ñ, donde Morales se encuentra refugiado, se ha transformado en un fortín político y simbólico. Es el corazón de la federación cocalera que lideró durante décadas, y el territorio que lo respalda con mayor fervor. Allí se han levantado estructuras defensivas rudimentarias: cercas con estacas puntiagudas, torres de vigilancia y bloqueos en los caminos, según constató la agencia EFE en una visita reciente a la zona.

Morales reside allí desde que se emitió una orden de captura en su contra, en el marco de una investigación por trata agravada de personas. Se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato y de ser padre de una hija nacida de esa relación. La denuncia, que comenzó a circular en 2020, cobró nuevo impulso a finales de 2024, cuando la Fiscalía emitió una nueva orden de aprehensión tras recabar pruebas adicionales. Morales ha rechazado las acusaciones y denuncia una “persecución judicial”.

Pese a la orden judicial, ningún operativo ha logrado ingresar a Lauca Ñ. En junio, durante una serie de protestas violentas organizadas por sus seguidores para exigir su habilitación electoral, la Policía se replegó completamente del Trópico de Cochabamba. Cuatro policías y dos civiles murieron durante los enfrentamientos. Desde entonces, el Estado no ha recuperado el control pleno del territorio. Solo permanece allí la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, cuya base opera de forma separada del resto de la estructura policial.

Ríos aseguró este lunes que el Gobierno busca un acuerdo político que permita el regreso de la Policía Nacional al Trópico. Según el ministro, la presión ya no proviene solo del Estado, sino también de los propios pobladores, quienes estarían “cansados de estar obligados en esta vigilia” permanente. “Si no participan en los turnos de custodia, les amenazan con quitarles sus terrenos o imponerles multas elevadas”, dijo.

La fractura entre Arce y Morales, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), se profundizó desde 2021. Morales acusa al actual presidente de traicionar el proyecto político que ambos compartieron durante más de una década. Arce, por su parte, ha intentado despegarse del caudillismo de su antecesor y consolidar un liderazgo propio. La disputa interna escaló hasta derivar en la ruptura total del MAS, cuya sigla fue finalmente adjudicada a la facción leal a Arce, dejando a Morales sin plataforma electoral.

Morales, sin embargo, insiste en que será candidato. Sus seguidores intentaron inscribirlo mediante otra agrupación política, el Frente para la Victoria, pero el Tribunal Supremo Electoral ratificó que su postulación es inviable. En 2017, el Tribunal Constitucional eliminó el límite de reelecciones, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2021 que la reelección indefinida no es un derecho humano. En ese marco, el órgano electoral dictaminó que Morales no puede volver a postularse, ya que fue presidente entre 2006 y 2019 en tres periodos consecutivos.

Desde entonces, la estrategia de Morales ha sido doble: resistir judicialmente desde su bastión y agitar movilizaciones para presionar al Estado. En este contexto, la acusación de que se rodea de extranjeros armados tiene un doble filo. Por un lado, busca mostrarlo como un líder que ya no responde al control institucional. Por otro, siembra dudas sobre la legalidad y los posibles vínculos de esas estructuras con redes de narcotráfico o grupos extranjeros no identificados.

Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado pruebas públicas que confirmen la presencia de estos extranjeros armados. Sin embargo, el contexto geográfico y político del Trópico de Cochabamba —una región históricamente asociada al cultivo de coca y de difícil acceso estatal— ha generado desde hace años sospechas sobre formas paralelas de control territorial. La denuncia, por tanto, no cae en un vacío: alimenta una narrativa creciente en Bolivia que ve en Morales no solo a un líder en decadencia, sino a un actor impredecible cuya permanencia en la escena puede alterar la frágil estabilidad institucional del país.

Con las elecciones a un mes de distancia y el ex presidente resistiendo en su enclave, Bolivia se enfrenta a un escenario inédito: un exmandatario atrincherado, investigado por la justicia, inhabilitado para competir, pero aún capaz de movilizar miles de personas. Y ahora, según el Gobierno, protegido por fuerzas extranjeras cuya lealtad no está clara.