ONGs guatemaltecas denunciaron una persecución política por parte de la Fiscalía de Consuelo Porras

Varias ONGs guatemaltecas denunciaron una “persecución política” por parte de la Fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, y advirtieron de un aumento de casos de detenciones vinculadas a las protestas de 2023, en contra del entonces oficialismo.

“Se está utilizando la prisión política para atemorizar a las organizaciones sociales, a los líderes indígenas, a periodistas y jueces, para que tengan miedo de manifestar o denunciar las violaciones y atropellos que suceden en el país”, señaló la abogada Wendy López, de la organización Bufete de Pueblos Indígenas, a la par que acusó a Porras de utilizar la oficina como un “bastión” para sus maniobras y a varios jueces, quienes “se han prestado” para emitir órdenes de captura injustificadas.

Al igual que ella, Brenda Guillén, coordinadora de la ONG Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, alertó que existe una “persecución selectiva” por parte del Ministerio Público -ahora opositor- y una cooptación de “instituciones del Estado”.

Esto, sumó, derivó en un “escenario peligroso y convulso” en materia judicial en el país, dado que muchas personas son “criminalizadas” por el simple hecho de defender los derechos humanos o denunciar la corrupción.

“La criminalización se da en casos donde las pruebas son escasas. La Fiscalía pide reserva de los procesos para impedir acceso a los detalles (de la acusación). Se obstaculiza la defensa de los detenidos a toda costa, dilatan los procesos y se abusa de la prisión preventiva como una forma de venganza o castigo”, explicó.

Según el Observatorio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, en Guatemala hay al menos 80 periodistas, fiscales, activistas y defensores exiliados por casos anómalos en su contra, y otros tantos detenidos o con causas abiertas.

Uno de los casos más conocidos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva ya más de mil días tras las rejas por haber publicado cerca de 200 reportajes en los que exponía la corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei.

“La detención de mi padre es un ataque contundente contra los periodistas de este país pero su encarcelamiento ha dejado al descubierto las estructuras corruptas del país”, declaró días atrás su hijo José Carlos.

Sin embargo, al igual que él hay otros tantos privados de su libertad, por el simple hecho de ser opositores a Porras, como el actual viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y el líder indígena Héctor Chaclan, detenidos el pasado miércoles por supuesto terrorismo.

Ambos formaron parte del liderazgo de la organización 48 Cantones de Totonicapán que, en 2023, ante los intentos de la Fiscalía por anular los resultados electorales que dieron a Arévalo de León ganador, organizaron manifestaciones en todo el país.

La jueza Carol Patricia Flores consideró que dichos hechos se enmarcaron en las acciones “terroristas” de un “grupo criminal” y, por tanto, ordenó la prisión preventiva en tanto avanza el caso.

El Presidente enseguida denunció esta persecución y acusó de “criminales” a todos los funcionarios involucrados en esta trama.

“Estamos indignados como Gobierno; estamos indignados como ciudadanos porque lo que está sucediendo es un ataque contra la democracia, contra la lucha de resistencia que hizo el pueblo en 2023 para evitar que estos criminales se robaran las elecciones y burlaran la voluntad popular”, comenzó diciendo el mandatario durante una rueda de prensa.

“Es un ataque al pueblo digno de Guatemala (...) Es un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica que se tuvo en ese momento. Es un acto de criminalización a los pueblos indígenas que lideraron ese esfuerzo por rescatar la democracia”, insistió.

(Con información de EFE)