
En Bolivia existe un descontento casi generalizado sobre el rumbo que está siguiendo el país: el 93% de los ciudadanos entrevistados cree que va por mal camino, según los resultados de una encuesta realizada por la empresa Ipsos Ciesmori.
Con esas cifras, Bolivia presenta una de las percepciones más negativas en la región, marcadamente inferior al promedio global que es del 37%, y menor que otros países latinoamericanos como Argentina y México que registran un 59% y 58% de confianza sobre su futuro.
Con un apenas el 7% de aprobación en la dirección actual de la nación, Bolivia se posiciona como el país con la menor percepción positiva de toda la región. Esta cifra no solo contrasta fuertemente con el promedio global del 38%, sino también el de países como Argentina (59%) y México (58%). Brasil y Colombia, con un 35% y 33% respectivamente, se sitúan en un rango intermedio, reflejando una percepción más moderada.
La desconfianza por el futuro en Bolivia se acompaña de una preocupación por la compleja situación financiera del Estado. La percepción de debilidad económica alcanza a un 82% de los encuestados, que considera que la economía nacional está “muy débil”, en contraste con el 9% que la percibe como “muy fuerte”, una cifra significativamente inferior al promedio global del 35%. Este panorama también se refleja en la percepción de la situación financiera personal donde un 67% la considera “muy débil”, en medio de una creciente inflación que ha disparado los precios de la canasta familiar en el último año.

Por otra parte, los periodos de desabastecimiento de combustibles que enfrenta Bolivia desde hace más de un año ha generado escepticismo sobre la capacidad del gobierno de Luis Arce para resolver la situación en el corto plazo y más de la mitad de los encuestados considera que la crisis de combustibles va a incidir en su decisión de voto en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto.
El problema del combustible es estructural en Bolivia porque depende de las importaciones y además lo subvenciona lo cual, en un contexto de crisis financiera, ha debilitado su economía y ha hecho cada vez más difícil llegar a cubrir la demanda nacional de diésel y gasolina. En ese marco, el estudio de opinión revela que el 65% de la población está de acuerdo con que se debe retirar la subvención a los carburantes, ya sea gradualmente (51%) o de inmediato (14%) frente al 19% que considera que hay que mantener la política de subvención pese al enorme gasto público que representa.
“En conclusión, la coyuntura económica en Bolivia es preocupante, con profundas percepciones de debilidad tanto en la economía nacional como personal. El entorno electoral se ve influenciado por cuestiones críticas como la crisis de combustibles y la percepción de liderazgo”, señala una parte del informe publicado el pasado martes.

La encuesta se realizó con una muestra de 1.200 personas mayores de 18 años que respondieron de manera virtual. El diseño y tamaño muestral permiten observar los resultados con un margen de error referencial de + 2,83%. El Monitor de Opinión Pública es un estudio realizado mensualmente por la empresa Ipsos Ciesmori en las cuatro principales ciudades de Bolivia, cuyos resultados se contrastan con los datos obtenidos en más de 30 países.
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