El régimen de Nicaragua, mediante la Procuraduría General de la República, declaró de utilidad pública 35 propiedades “que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”.
Las 35 propiedades se encuentran en Managua, la capital de Nicaragua, y fueron declaradas de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación, informó Wendy Morales Urbina, Procuradora General de la República, que responde a los mandatos de la dictadura de Daniel Ortega.
“Para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua”, dice la resolución de la Procuraduría, que detalla las fincas y áreas afectadas.
En los considerandos, la Procuraduría argumentó que es deber del Estado garantizar la seguridad nacional en todos sus aspectos, incluyendo la seguridad ciudadana, y por ello, hacer estas declaraciones son necesarias.
En este sentido, también destacó la importancia de implementar estrategias preventivas para combatir la delincuencia, la narco actividad y el terrorismo, priorizando medidas que aseguren la estabilidad y seguridad del país.
Hasta el momento no se ha confirmado si las propiedades declaradas de utilidad pública pertenecen a alguno de los opositores desterrados de Nicaragua.
En los últimos dos años, las autoridades de Nicaragua han despojado de su nacionalidad y bienes a un total de 452 nicaragüenses. Muchos de ellos son críticos abiertos del gobierno sandinista, el cual los ha acusado de delitos como traición a la patria.
Una investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia estimó que las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado ascienden a un valor aproximado de 250 millones de dólares.
El informe indica que las “confiscaciones ilegales de bienes” representan una deuda pública que recaerá sobre los nicaragüenses, similar a lo que ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), conocido como la ‘piñata’.
La denominada ‘piñata’ se refiere a la distribución de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza, sus allegados y opositores durante la década de los ochenta en Nicaragua. Este proceso también ocurrió entre febrero y abril de 1990, durante la transición presidencial en la que Daniel Ortega entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro.
Según la investigación de OPTA, durante el actual mandato sandinista, que comenzó en 2007, se ha llevado a cabo lo que denominan “La nueva piñata Ortega Murillo”. En este período, el gobierno ha confiscado bienes y propiedades pertenecientes a diversas organizaciones sin fines de lucro, empresarios, cámaras empresariales, universidades, la Iglesia católica y medios de comunicación, entre otros.
(Con información de EFE)
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