Indignación produjo en los partidos de Gobierno chileno la decisión de la Corte Suprema de revocar, este miércoles, un fallo de la Corte de Apelaciones de hace más de dos años, que exigía retirar desde las dependencias de las FFAA y Carabineros los retratos o estatuas de figuras del régimen militar comandado por Augusto Pinochet como José Toribio Merino, César Mendoza y Rodolfo Stange.
El máximo tribunal argumentó que los retratos no son un simple homenaje, sino registros históricos.
El primero en levantar la voz fue el abogado de la Fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón, precisamente quien interpuso el recurso de protección que ordenó a la Armada retirar la estatua del almirante José Toribio Merino del Museo Marítimo de Valparaíso, en junio de 2022.
“No podemos compartir el argumento de la Corte (Suprema) para revocar las sentencias de la Corte de Santiago. No se mandan a hacer retratos al óleo de personajes simplemente para dejar registrada su existencia, rasgos faciales o características antropométricas”, aseguró Rendón, según consignó Cooperativa.
“Lo que hace la Corte es ‘normalizar’ la imagen de personajes responsables de políticas criminales (...) Es penoso que la Corte no se haya pronunciado sobre uno de los fundamentos centrales de nuestra acción, en el sentido que tanto Merino como Mendoza usurparon el mando de sus instituciones y por esa razón adicional, tampoco debiesen estar junto a mandos institucionales legítimos”, agregó.
Decisión “vergonzosa”
De la misma opinión fueron todos los partidos oficialistas. La diputada Carmen Hertz (PC), fustigó el fallo señalando que “legitima el negacionismo al señalar que retratos de genocidas y mando superiores de políticas de exterminio son simples registros históricos”.
La diputada Lorena Fríes (FA), señaló que se trata de “un retroceso en garantías de no repetición, porque la exhibición de retratos de líderes de la dictadura, de autoridades, lo único que hace es darle algún grado de justificación a esos años oscuros que vivimos”.
“Por lo tanto, habrá que acatar el fallo, pero también hay que levantar una alerta sobre este retroceso cultural que ahora empieza a permear a las instituciones democráticas que han sido claras en fijar un consenso y un rechazo a lo que fue la dictadura y sus políticas de represión”, complementó, según reza una nota de BíoBíoChile.
En la misma línea, la diputada Emilia Schneider, también del Frente Amplio, sostuvo que es “un tremendo retroceso y una decisión errada que profundiza la impunidad y la falta de justicia que todavía existe en nuestro país por los crímenes y horrores de la dictadura”.
“Es una decisión que espero que no persista, que se revierta, que se revise porque no puede ser que sigamos haciendo apologías a la dictadura a 51 años del Golpe de Estado (…) eso es realmente inentendible”, agregó.
El diputado Diego Ibáñez, quien recordó que este miércoles se conmemoraron 51 años del Golpe de Estado, recalcó que “es una pésima decisión porque autorizar el uso de la imagen de personajes tan nefastos en la historia de Chile, da espacio a elogiar a sus figuras en un contexto donde tenemos una herida aún abierta”.
Finalmente, la independiente diputada Consuelo Veloso subrayó que “es preocupante y hasta vergonzosa esta decisión (…) es revictimizante para las víctimas de la dictadura militar”.
“Es un daño tremendo para la reparación necesaria y la reconciliación, para las víctimas y para estos jóvenes que hacen con su trabajo -y con profundo sentido patriótico- la labor de levantar la imagen de instituciones que por culpa de esos delincuentes estuvo manchada durante décadas”, remató.
Según datos disponibles en el sitio web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, durante los 16 años y 6 meses que duró la dictadura cívico-militar, en Chile hubo 2123 personas asesinadas y a la fecha existen 1093 personas detenidas desaparecidas cuyo destino final aún se desconoce. En total, fueron 3216 personas ejecutadas o hechas desaparecer por el régimen.
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