
Los incendios forestales en Bolivia siguen fuera de control y han consumido en lo que va del año cerca de 4 millones de hectáreas, una superficie equivalente a casi la totalidad de Suiza. A medida que el fuego de expande, el Gobierno refuerza las tareas de los bomberos que aún resultan insuficientes, por lo que han anunciado el alquiler de aviones cisterna y el arribo de más brigadistas internacionales.
Los últimos reportes dan cuenta de 74 incendios activos solo en el departamento de Santa Cruz. Según datos publicados por el periódico El Deber, el Ministerio de Defensa ha movilizado hasta ahora cuatro helicópteros y cuatro avionetas fumigadoras, cuya capacidad máxima es de 800 litros de agua pero se necesitan aeronaves de mayor capacidad.
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La persistencia de los incendios ha provocado una situación sanitaria que alcanza niveles críticos, especialmente en el área rural, donde el fuego a alcanzado algunas viviendas y al menos dos comunidades han tenido que ser evacuadas por razones sanitarias. El humo también ha cubierto todas las ciudades del país, lo que ha provocado la suspensión de clases escolares presenciales en al menos seis departamentos y la interrupción de operaciones aéreas por la baja visibilidad.
Este miércoles por la mañana en Santa Cruz de la Sierra se registraba un Índice de Calidad del Aire superior a 400 según la medición de IQAir, una categoría que es considerada “peligrosa” para la salud de la población. En otras capitales del país, la medición ronda las categorías de “daniño para grupos vulnerables” y “muy dañino”.
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Tras dos meses de incendios en la región de la Chiquitanía y al menos una semana de humo persistente en la capital cruceña, el domingo la Gobernación declaró desastre departamental por los incendios forestales. Mientras que el nivel nacional declaró el sábado emergencia por el fuego y alerta sanitaria por la contaminación en el país, lo que viabiliza la ayuda internacional para combatir el fuego. En días pasados llegaron brigadistas de Brasil y expertos de Chile, y se sumarán otros equipos de Venezuela y Francia.
El martes en La Paz se realizó una marcha masiva para exigir acciones contra los incendios, que desde hace varios años son recurrentes en esta época del año, y se anunciaron convocatorias en otras ciudades. Con leyendas en los carteles que decían “la naturaleza es nuestro hogar”, “Bolivia no puede respirar”, los manifestantes pedían la abrogación de las normas que permiten los desmontes y quemas con fines agrícolas.
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Desde la oposición, la agrupación Comunidad Ciudadana elaboró en 2023 un proyecto de ley para eliminar las leyes que califican de “incendiarias” y esperan sea tratado en las próximas semanas.

Prohibiciones que no se acatan
El Ministerio de Medioambiente y Agua informó que el 60% de la superficie quemada corresponde a pastizales y el 40% a zonas boscosas, y que la causa principal de los incendios proviene de la práctica agrícola tradicional de los “chaqueos” que consiste en quemar la tierra previo a los cultivos y que está amparada en la normativa boliviana. Sin embargo, estas “quemas controladas” a menudo se salen de control por los vientos y la sequía.
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Si bien la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) decreta prohibiciones temporales, a menudo no son acatadas por las insignificancia de las multas económicas, la falta de fiscalización y la impunidad. En las últimas horas se conoció que un hombre acusado de haber iniciado un incendio forestal, fue liberado bajo la condición de sembrar 100 plantines en un área protegida. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, alegó que la medida apunta a descongestionar los centros penitenciarios.
Entre 2019 y 2023 se ha quemado un promedio de 4,3 hectáreas por año, según datos presentados por el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, en un conversatorio organizado por la Vicepresidencia del Estado y la Fundación Friedrich Ebert.
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