Días después de que el gobierno del Ecuador anunciara que condenaría públicamente a los jueces que beneficiaron con sus decisiones a ciertos criminales vinculados a delitos graves, el presidente Guillermo Lasso denunció cinco nombres, algunos de los cuales todavía ocupan funciones de administración de justicia.
Lasso confirmó que el gobierno ecuatoriano ha declarado la guerra al crimen organizado y que existen mafia que están robando la tranquilidad de las personas y que estas estructuras están ayudadas por jueces que forman parte de estas redes criminales.
De estos, el primero en ser nombrado fue Ángel Harry Lindao Vera, quien fue despedido como juez de La Concordia por negligencia grave. Lasso señaló que el caso de Lindao debe ser investigado penalmente por la fiscalía. Recordó que en junio de 2022 este juez resolvió devolver sus propiedades al ahora fallecido Leonardo Norero, un conocido narcotraficante apodado como el Patrón, quien murió asesinado en su presidio carcelario mientras cumplía con una sentencia.
El exjuez también ordenó la liberación de Wilson Vinicio Ruiz Torres, condenado a 24 años de prisión por el asesinato por encargo del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga. Lindado también ordenó el traslado de Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias Anchundia, líder de la pandilla carcelaria R7 y señalado como uno de los líderes que causó la masacre en Turi en abril de 2022, del penal de máxima seguridad La Roca de Guayaquil a la cárcel de Santo Domingo, un presidio de menor seguridad.
Lindao Vera también es conocido por ordenar la reincorporación de Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, y la mayoría conformada en el órgano para la designación de los titulares de los órganos de control estatal, concursos que continúan sin resolverse. En enero de este año la Corte Constitucional ratificó la decisión de destitución de los concejeros adoptada en un juicio político por la Asamblea Nacional.
Los consejeros destituidos interpusieron su recurso en La Concordia, una pequeña jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, a 180 kilómetros de Quito, en donde operaba el exjuez. La capital del Ecuador es donde se instala oficialmente el Consejo de Participación Ciudadana.
El segundo nombre que dio Lasso fue el de Juan Carlos Terán Moreno de Guayaquil, quien ha firmado más de 15 órdenes de liberación de distintos investigados por delitos graves. Informó que este juez levantó la prisión preventiva de cinco personas acusadas de diversos delitos por encontrar en su poder armas de grueso calibre y drogas sin especificar sus cantidades. Terán Moreno declaró inocentes a Jacobo y a su padre Abdalá Bucaram, expresidente del Ecuador, quienes estuvieron imputados por el delito de tráfico de bienes patrimoniales.
El mandatario ecuatoriano también señaló a los jueces Mary Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón Bowen por sentenciar la inocencia de 18 narcotraficantes. Según Lasso, el caso está siendo investigado por la Policía Nacional desde hace un año con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (o DEA por sus siglas en inglés).
Finalmente, Lasso expuso a Émerson Geovanny Curipallo Ulloa, juez de Santo Domingo, quien firmó más de quince ordenes de liberación de narcotraficantes y otros delincuentes con investigaciones en marcha o sentencias en ejecución.
El presidente se quejó por el abuso de los recursos constitucionales como de las medidas cautelares y acciones de protección o también de habeas corpus que los jueces concedieron a delincuentes y que favorecieron, por ejemplo, a un “asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión”.
El jefe de Estado ecuatoriano dijo que cada uno de estos jueces, y otros que todavía se están identificando, representan una amenaza para la justicia y la paz social.
Según Lasso, la divulgación de los nombres de los cinco jueces es una de las tres decisiones que fueron resueltas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Las otras dos actuaciones consisten en formalizar el reclamo disciplinario ante el Consejo de la Judicatura y en la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General. Esta última acción ya la realizó, la mañana de este 8 de febrero, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
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