Dos años después de haber dejado la presidencia para huir de una masiva protesta nacional, el cocalero Evo Morales, todavía en control de todas las instituciones, se ve ahora forzado a responder por algunos pecados de su gobierno de catorce años. Tiene en sus manos a la justicia, a las Fuerzas Armadas, a la policía y a una parte del parlamento, pero sus problemas, como meteoritos, le llegan del exterior, de la DEA y el incómodo CIADI, el centro internacional de arreglo de diferencias referidas a inversiones extranjeras.
La DEA está detrás de las acciones que aplica el Ministerio de Gobierno, con la captura, hasta ahora, de 159 avionetas dedicadas al transporte de droga hacia los países vecinos, el descubrimiento de 308 pistas clandestinas, y la destrucción de fábricas de cocaína en la región de Chapare, donde Morales hace de presidente vitalicio de los cocaleros.
Son hechos cotidianos, de una actividad que se renueva todos los días y que ha invadido todos los parques nacionales de la región amazónica y del Plata y tiene conexiones con gigantescos cárteles de la droga en América, África y Europa.
Lo que preocupa ahora al cocalero es que el CIADI falló en favor del español BBVA por una nacionalización que él ordenó del sistema de pensiones, y obliga a Bolivia a pagar 105 millones de dólares.
Esa es la punta del ovillo. Porque ahora se va descubriendo que hasta este momento Bolivia ha pagado 1.090 millones de dólares a empresas que acudieron al CIADI, y quedan pendientes otros casos por un monto similar.
Morales tomó la palabra y dijo que cuando llegó al gobierno, en 2006, sus ministros le advirtieron que hacer nacionalizaciones era peligroso, por aquello del CIADI, cuya existencia él desconocía, según lo admitió, pero de todos modos avanzó en su plan.
El problema mayor es que esos casos que perdió Bolivia en el CIADI los perdió porque los funcionarios bolivianos, del gobierno del cocalero, pateaban para el otro lado y se beneficiaban con los fallos negativos.
El exprocurador Héctor Arce Zaconeta, ahora embajador en la ONU, hizo que el Estado boliviano pague 42 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax a pesar de que la empresa sólo había pedido que se le pague 12 millones.
Y está el caso de la empresa argentina Pan American Energy, a la que Bolivia tuvo que pagar 357 millones de dólares por una “nacionalización” que no se concretó.
El gobierno de Morales cometió otros pecados muy graves. Ordenó la instalación de una planta de urea que costó hasta ahora 960 millones de dólares pero que se mantiene en “paros programados” desde 2017, cuando fue inaugurada.
Gastó 800 millones de dólares en una planta separadora de gas en la frontera con Argentina, planta que está ahora parada debido a que el flujo de gas natural que se exporta a ese país está en niveles demasiado bajos.
Ordenó la construcción de un aeropuerto internacional en Chapare, en Chimoré, un pueblo de 15.000 habitantes, pero que costó 35 millones de dólares.
El periodista brasileño Leonardo Coutinho dice en su libro “Hugo Chávez, o espectro”, que ese aeropuerto sirvió para el mayor “puente aéreo” de la droga entre Bolivia y Venezuela, con la participación de aviones militares de los dos países.
Por ahora, el aeropuerto no opera. Allí llegó, en noviembre de 2019, el avión militar mexicano en que Morales huyó después de renunciar al cargo de presidente.
Todos estos casos son ventilados ahora, lo que es muy conveniente para el presidente Luis Arce, quien, igual que Morales, aspira a ser candidato a la presidencia en 2025.
Ambos tienen a su favor que el MAS controla todavía el Tribunal Electoral, que acaba de desestimar una denuncia sobre “narco-aportes” que habría recibido el partido en las elecciones de 2019 y 2020, denuncia hecha por el diputado masista Rolando Cuéllar.
El Tribunal Electoral no ha desarticulado todavía los 27 factores de fraude denunciados por la OEA en 2019. Las encuestas revelan que Morales tiene un voto negativo de 76%, pero eso no sería problema si es que siguieran activos en 2025 los factores de fraude denunciados por la OEA.
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