El mayor centro cultural ecuatoriano quedó envuelto en la crisis política y social que atraviesa al país

Una denuncia anónima al Sistema Integrado de Seguridad ECU911 denunciaba que 30 personas entre “ecuatorianas y venezolanas” estaban almacenando material bélico, como explosivos y armas, en las bodegas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. El denunciante desconocido aseguró que ese armamento serviría para radicalizar las manifestaciones de los próximos días, para retener a policías y militares y para que los protestantes puedan ingresar al Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano.

Ayer, la Fiscalía lideró un allanamiento policial urgente solicitado por la Policía. Frente a estas acciones, el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, dijo que un acto así no había sucedido desde la dictadura en los años 60.

El allanamiento al centro cultural sucedió luego de que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señalara que los manifestantes serían acogidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como sucedió en octubre de 2019: “La Casa de la Cultura físicamente está, productos iniciales sí hay, lo que toca ahora es profundizar más la campaña de solidaridad para que puedan los diferentes colectivos trasladar”.

Cerón, que rechazó los allanamientos, dijo que no han recibido ninguna solicitud formal de la Conaie para utilizar la Casa de la Cultura como espacio de acogida. Sin embargo, sí aseguró que le llegó un pedido de la Policía Nacional para que 400 policías ingresen a las instalaciones culturales como parte del mecanismo de control de las manifestaciones: “Nuestro interés fundamental es que este espacio sea un espacio de mediación, que permita garantizar derechos humanos, que permita generar elementos de cuidado humanitario si ese fuera el caso. Es importante señalar que buscamos que esta institución se mantenga siempre como un espacio de paz”.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó en su cuenta de Twitter que luego del allanamiento a la Casa de la Cultura, “se dispuso el resguardo de sus instalaciones por motivos de seguridad y de protección del patrimonio cultural yacente en dicha edificación. Al ser una institución pública, es imperioso brindar seguridad a sus instalaciones”, escribió el secretario de Estado.

Esta decisión se basa en el artículo 165, numeral 5 de la Constitución, y en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 455 de Estado de Excepción para tres provincias afectadas por las protestas, emitido por Guillermo Lasso. En el decreto se establece la creación de una zona de seguridad en Quito junto con la conformación de una fuerza de tarea conjunta. Ambas son figuras militares.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y del Estado, una zona de seguridad es un espacio territorial del país cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman requieren una regulación especial para garantizar la protección de esa zona ante eventuales amenazas a la seguridad. En cambio, la Fuerza de Tarea Conjunta es una unidad militar formada por personal del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Doctrinariamente tiene una organización temporal hasta el cumplimiento de una misión específica, según se lee en la Política de la Defensa Nacional del Ecuador, conocida como Libro Blanco.

Con la Casa de la Cultura resguardada por policías, las comunidades indígenas se quedarían sin un lugar de acogida. Incluso algunas universidades que sirvieron como centros para los indígenas que protestaron en octubre de 2019 no prestarán ahora sus instalaciones. Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dijo que la universidad no acogerá a las comunidades indígenas, mientras que la Universidad Politécnica Salesiana lo decidirá en el transcurso de este lunes. No obstante, las universidades han señalado que sus instalaciones pueden servir como sede de diálogo para el gobierno y la Conaie.

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