El fiscal uruguayo especializado en Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, informó públicamente haber archivado 300 casos en menos de dos semanas de trabajo y la Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación.
A principios de mayo, la fiscal de Delitos Sexuales, Sylvia Lovesio, dejó su cargo y, por orden del fiscal de Corte Juan Gómez, fue Raúl Iglesias, el entonces fiscal de Violencia de Género, quien pasó a ocuparlo. Según declaró Gómez en radio Universal, el cambio fue a raíz de una solicitud de Lovesio por estar demasiado conmocionada tras ver casos tan difíciles por un período largo de tiempo.
Así fue como Iglesias comenzó a trabajar en una fiscalía con más casos que la anterior, aspecto que requirió un cambio en su flujo de trabajo al mismo tiempo que le dio protagonismo a su perfil opositor dentro de Fiscalía. Según informó El Observador, Iglesias era el líder de una corriente alternativa dentro de la Asociación de Fiscales y criticó reiteradas veces la gestión del exfiscal de Corte Jorge Díaz, como también la del actual, Juan Gómez.
Días atrás, Iglesias declaró en Telenoche que pediría la prisión domiciliaria de tres imputados por una violación grupal ocurrida en enero, cuando la exfiscal había solicitado la prisión —otorgada en primera instancia y ratificada en un tribunal de apelaciones—. Además, informó haber archivado alrededor de 300 casos desde que asumió su cargo el 9 de mayo. Según el fiscal especializado en Delitos Sexuales, la prisión es una medida “de última ratio” que, considerando la distancia a la que viven los presuntos agresores y la presunta víctima, no es necesaria en este momento, publicó El Observador.
En ese contexto y tras distintas repercusiones, el fiscal de Corte Juan Gómez ordenó una investigación “porque hay alguna diferencia en cuanto al número de casos manejados públicamente” y el número que se manejaba desde el organismo, informó el fiscal de Corte en declaraciones a Subrayado.
“Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando”, manifestó el fiscal de Corte. “Hemos pedido un informe a políticas públicas para saber exactamente cuántas y con qué fundamentos fueron efectivamente archivadas”, afirmó.
Gómez también fue consultado sobre cuántos fiscales considera necesarios para hacerse cargo de todos los delitos y respondió que, “pensando en una Rendición de Cuentas, la idea mínima de la Fiscalía hablaría de 15 fiscalías más, especialmente en el interior del país”. En tanto, declaró que “la Fiscalía General pretende y está buscando la forma de que la gran mayoría de las denuncias sean consideradas por los fiscales”.
Iglesias también se refirió a los casos archivados: “La amplia mayoría tenían más de dos años sin ser consultados, sin ser abiertos para ver en qué estaba el caso. No sé porque me investigan a mí”, señaló. Además, manifestó que si no se avanzó en esas investigaciones fue porque no se pudo encontrar a las víctimas, a los testigos o la evidencia había desaparecido.
Juan Raúl Williman, el abogado defensor de la presunta víctima de violación dijo en radio Sarandí que fue citado a Fiscalía por el fiscal Gómez para conocer la situación de esta. En esa conversación se habló sobre los casos de delitos sexuales archivados y, en ese marco, Williman presentó un escrito señalando “algunos deberes que no se cumplieron”, según informó El País. “No presentamos una denuncia contra Iglesias, sino un escrito para hablar del cuidado de la víctima”, declaró el abogado al mismo medio.
Según comunicó el fiscal Gómez a El Observador, Williman se contactó con él para manifestarle su “preocupación” por el anuncio de Iglesias y le hizo saber que ese hecho había “desestabilizado” a la víctima. En tanto, Iglesias consideró la situación como violatoria de su independencia técnica como fiscal que, según la normativa, debería gozar en todas las causas que le toquen,
La Intersocial Feminista también se reunió con el fiscal de Corte Juan Gómez para conversar sobre lo ocurrido. Una de las personas presentes en la reunión, Valeria Caggiano, manifestó a La Diaria la preocupación que atraviesan: “Hay un impacto que no podemos medir sobre otras posibles víctimas y el proceso al que se enfrentan en la Justicia. Nos preocupa que esto oficie como un desestímulo para acceder a la Justicia por parte de víctimas”.
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