La organización Global Human Rights League (GHRL), dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, asegura que Bolivia está bajo un estado dictatorial y que por ese motivo no debe participar de las próxima Cumbre de las Américas.
Para reafirmar esta acusación, la ONG señala que el país andino viola los 5 puntos del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, el cual establece los elementos esenciales de la democracias representativas.
En en una carta dirigida al presidente de EEUU Joe Biden, al secretario de estado, al líder de la mayoría del Senado y a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, GHRL adjuntó una lista de presos políticos que incluye a periodistas, jueces, militares, policías, activistas de derechos humanos y a la ex presidenta Jeanine Añez.
Además, informan que en estos momentos hay 8.436 solicitudes de asilo político. De estas solicitudes, 1.105 de ellas se realizaron en Estados Unidos, dice la carta.
También recuerdan que durante las elecciones presidencial de 2019, la OEA observó 226 irregularidades y confirmó fraude electoral.
“Sobre el pluralismo partidista y la separación de poderes, es importante que sepan que, en 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el estatuto (Ley Número 1096) del partido gobernante MAS-IPSP, que establece que todo empleado público gubernamental debe ser miembro del partido MAS-IPSP, lo que viola el derecho al trabajo, la libertad de asociación e incluso la libertad de pensamiento”, denuncia la carta.
“Señor presidente (Biden), creemos que la República de Bolivia y cualquiera de sus representantes no deben hacer acto de presencia en la Cumbre de las Américas. Solicitamos respetuosamente a su gobierno que niegue su inclusión en este importante evento dedicado a proteger la democracia”, finaliza la carta.
El pasado 13 de abril, Estados Unidos presentó su informe anual sobre derechos humanos, en el que expresó preocupación por las torturas, ejecuciones y represión que se perpetraron en varios países del mundo. Este documento del Departamento de Estado, relativo a 2021, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.
Además de mencionar a Rusia, Cuba, Nicaragua y China, naciones en las que se violan los DDHH, hay un apartado dedicado a Bolivia y, en el mismo, se señala que el Gobierno de Luis Arce dirigió el proceso en contra de la ex presidenta interina Jeanine Añez y otras ex autoridades, además de que ejerce presión sobre los jueces que llevan adelante esos casos.
“Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Añez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, dice un fragmento del reporte que destaca el diario local Página Siete.
El medio citado recuerda que entre el 12 y 13 de marzo de 2021 fueron arrestados los ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y la ex presidenta Áñez. Posteriormente, fueron detenidos ex jefes policiales, militares y otras autoridades del gobierno interino por el caso “golpe de Estado”.
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