Al menos nueve líderes territoriales de la oposición fueron detenidos por la Policía Nacional antes de la votación de este domingo en Nicaragua, en las que Daniel Ortega busca una nueva reelección en unos comicios donde todos sus rivales fueron prohibidos o encarcelados, denunciaron este domingo las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen, en redadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en el que el régimen de Ortega y Murillo ha colocado a la oposición”, dijo la dirigente de la opositora Unidad Nacional, Alexa Zamora, en un audio, en el que confirmó los arrestos.
La Alianza Cívica, que fue la contraparte del Ejecutivo en unas mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, denunció, por su lado, la aprehensión de una líder territorial, cerca de la medianoche del sábado.
“En Nicaragua persisten el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques y detenciones ilegales arbitrarias de nuestros dirigentes municipales, departamentales y enlaces territoriales”, señaló la Alianza.
Entre los detenidos están los líderes territoriales Yaser Mahumar Vado y Nidia Barbosa, de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica, respectivamente.
Los nombres del resto de líderes detenidos no fueron identificados públicamente por petición de sus familiares, explicó la Unidad Nacional, que confirmó que persiste la ola de capturas de opositores que inició en mayo pasado.
Hasta el 21 de octubre pasado, cuando fue detenido el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el vicepresidente de la patronal, Álvaro Vargas, se contabilizaban 39 líderes y profesionales independientes encarcelados en el marco de las elecciones.
Entre los detenidos están siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, acusados, entre otros, por delitos que son considerados traición a la patria, y de lavado de dinero.
La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mejor imagen para derrotar al sandinismo.
Con estos arrestos, Ortega sólo dejó que se inscribieran otros 5 candidatos a los que en Nicaragua se conocen como “zancudos”, ya que se contentan con actuar como supuestos opositores a cambio de algunas prebendas del régimen. Así, garantizó su reelección, a pesar del rechazo de la mayoría de los nicaragüenses.
El observatorio Urnas Abiertas, que da seguimiento a la violencia electoral en Nicaragua, registró 1.656 hechos violentos en el marco de las elecciones desde octubre de 2020, incluyendo 120 en el último mes.
En estos comicios Ortega, quien coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, y retornó al poder en 2007, busca su tercera reelección seguida para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Tanto la oposición, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, han cuestionado la legitimidad de las elecciones en Nicaragua.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a las urnas para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
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