El empresario nicaragüense Milton Arcia renunció este sábado a su candidatura presidencial por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para las elecciones del 7 de noviembre próximo, luego de que ese colectivo pidiera sacar de la contienda a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), principal de oposición.
Arcia, un empresario turístico, dijo a los periodistas que las autoridades del PLC no recibieron su carta de renuncia irrevocable, sin embargo ya nombraron e inscribieron ante el Poder Electoral a su sustituto, el diputado Walter Espinoza.
“Lo lamentable es que antes de que pusiéramos la renuncia, ya nos habían sacado” como candidato presidencial, señaló.
Arcia dijo que la presidenta nacional y representante legal del PLC, la diputada María Haydée Osuna, retiró su candidatura ante el Poder Electoral e inscribió la de Espinoza, “como que si el partido fuera una hacienda de ella”, sin la autorización de la directiva de ese colectivo.
El empresario turístico había anunciado en la víspera que renunciaría a su candidatura a la Presidencia de Nicaragua luego de que el PLC solicitara al Consejo Supremo Electoral (CSE) sacar del proceso de elecciones a la Alianza CxL por presuntamente violar la Ley Electoral y otras leyes, como en efecto ocurrió.
El PLC, fundado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), segunda fuerza política en la Asamblea Nacional (Parlamento) y al que distintos sectores de la oposición señalan de ser colaborador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), nombró como su candidato presidencial a Espinoza, que fue conductor de Osuna.
El CSE resolvió el viernes sacar del proceso de elecciones a la Alianza CxL, cuando faltan tres meses para los comicios, allanando el camino al presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, quien busca una nueva reelección.
A través de una resolución, los magistrados electorales, partidarios del presidente Ortega, decidieron cancelar la personalidad jurídica al partido CxL, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica, entre otros razones por haber inscritos como candidatos a los cargos de elección popular a personas consideradas como “traidores de la patria”.
En el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
El presidente Ortega, un ex guerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
Con información de EFE
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas
El Comité para la Paz y el Desarrollo advirtió que el combate entre bandas podría agravar la crisis humanitaria en la capital haitiana
El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones
La autoridad comicial aclaró que las incidencias detectadas se resolvieron poco después durante el procesamiento de actas, sin alterar el desarrollo del escrutinio
Debate presidencial en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en un último cara a cara
El encuentro es organizado por la Asociación Nacional de Televisión y contempla bloques temáticos, preguntas cruzadas y reglas estrictas para ambos candidatos
Tensión en el Congreso de Brasil: expulsaron a un diputado por protestar contra la reducción de la condena de Bolsonaro
Glauber Braga fue retirado a la fuerza por policías legislativos tras ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados en rechazo a un proyecto que podría reducir drásticamente la pena del ex mandatario
Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos
El reglamento advierte que ninguna emergencia justifica violar estándares de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios
