Dos organizaciones y un juez presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acusándolo de cometer crímenes de lesa humanidad por su rol como jefe de Estado durante la dura represión de las fuerzas de seguridad a manifestantes durante el estallido social de octubre de 2019. La denuncia también responsabiliza a otras autoridades políticas y policiales de Chile.
La presentación fue realizada por Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), de Italia
Los argumentos del escrito describen que los “homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias” que ocurrieron durante ese período reflejarían una supuesta “política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos” del gobierno de Piñera.
Quienes presentaron este recurso legal consideran que el Estado chileno no ha sido capaz de dar una respuesta judicial a las múltiples acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos desde octubre del 2019, que ascienden a unas 8.510 denuncias y querellas ante el Ministerio Público. El 46% de estas fueron finalizadas sin grandes avances.
“Lo anterior implica que unas 3.050 investigaciones en procedimientos por ‘violencia institucional’ fueron finalizadas por la vía administrativa en su inmensa mayoría y sólo marginalmente con la aprobación del correspondiente Juez de Garantía, lo que corresponde a un 46% del total de líneas investigativas por delitos cometidos en el período por agentes del Estado contra la población civil”, dice el escrito.
Los denunciantes también remarcaron que el Estado chileno no ha puesto en práctica las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron formuladas dos meses después de inicio de las protestas en Chile.
El escrito apuntó a su vez al sistema judicial chileno por su “asimétrica respuesta”, ilustrada en la decisión de decretar masivas prisiones preventivas en contra de los manifestantes, pero no así con el personal policial y las autoridades acusadas de violar los derechos humanos de la población.
Entre las cifras que dejó la protesta nacional a fines del 2019 destacan los más de 460 heridos oculares a manos de Carabineros y las 2.340 querellas en contra de esta policía. Además se registraron 3.500 heridos a manos de agentes del Estado. Solo 92 Carabineros han sido formalizados por diferentes causas.
Reacciones en La Moneda
El responsable de presentar la defensa ante la denuncia fue el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, quien recalcó que el Gobierno siempre ha respetado los derechos humanos.
Según el ministro, este “apego irrestricto” a los DD.HH. se habría hecho evidente en el reciente aniversario de Carabineros de Chile, donde Piñera insistió al respecto y en el “cumplimiento en los protocolos justamente en cuanto a Derechos Humanos se refiere, siempre ha hecho un llamado a la verdad y la justicia en este respecto”, sostuvo Delgado.
Frente a la acusación que indica que casi la mitad de las causas ocurridas en el estallido social del 2019 han sido finalizadas, el ministro indicó que “las causas que se han investigado y las causas que están pendientes, otro poder del Estado como la Justicia y el ordenamiento que existen en esa materia en Chile, lo va a investigar”
La denuncia internacional no fue la única noticia negativa para La Moneda. Luego que el Gobierno chileno se viera forzado a promulgar una ley que autoriza a los cotizantes a retirar por tercera vez un 10% desde sus fondos previsionales, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (considerada como “la madre de todas las encuestas chilenas”) reflejó ayer que Piñera solo posee un 9% de aprobación.
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