Empuñando carteles que afirmaban “No se cayó, lo lanzaron”, los manifestantes se reunieron en la capitalina Plaza Italia, rebautizada popularmente como “Plaza Dignidad”, que volvió a ser el punto de encuentro del descontento ciudadano con una marcha cargada de protestas y reivindicaciones contra la represión policial.
Unas imágenes registradas por un canal de televisión, que muestran como un adolescente, de 16 años, cae al canal de un río tras ser arrojado por la baranda de un puente a manos, presuntamente, de un policía durante una marcha el viernes, prendió la mecha y congregó esta nueva protesta.
Horas antes, la Fiscalía chilena anunció la detención preventiva del agente policial, identificado gracias a las grabaciones, que fue suspendido de su cargo tras abrirse un sumario administrativo y que será formalizado este domingo.
El ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, afirmó que se trató de un procedimiento policial en un momento de violencia. “Condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos, pero creemos que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros y si los hechos son constitutivos de delito o no”, dijo Peréz en una declaración en Palacio de Gobierno.
Más dura, la Defensoría de la Niñez, ente autónomo que vela por la protección de los menores, aseguró que se querellará por delitos de homicidio frustrado contra el agente involucrado y solicitó que se recabaran más pruebas. Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público.
El incidente reavivó las críticas de diversos organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), que tras el estallido social de octubre de 2019 denunciaron un uso excesivo de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía durante las marchas. “Las graves denuncias e imágenes de ayer reafirman la necesidad de avanzar de forma decidida en las reformas integrales a Carabineros que propusimos en noviembre 2019”, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Manuel Vivanco, en su cuenta de Twitter.
“A raíz de este lamentablemente hecho ya tomamos la decisión como bancada opositora sobre tres puntos: la remoción inmediata del General Director de Carabineros, debe irse ahora, no se puede esperar más. Mientras eso no suceda nosotros no vamos a aprobar la partida del presupuesto 2021 para Carabineros. Y en tercer lugar, vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez”, ha explicado el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, Luis Rocafull.
Asimismo, el diputado socialista ha anunciado que presentarán una que
rella “contra quienes resulten responsables de este repudiable y criminal incidente”. Otras voces de la oposición han planteado que Carabineros “requiere de una refundación total para estar acorde con una democracia que pone en el centro la dignidad y los derechos humanos”.
Durante la protesta, resguardada por un fuerte contingente de Carabineros (Policía militarizada) que trataron de dispersar el encuentro con los habituales carros lanza-aguas y con botes de gas lacrimógeno, se llevaron a cabo al menos diez detenciones.
Los manifestantes lanzaron consignas contra el actual Gobierno y se mostraron simpatizantes con la opción de aprobar la redacción de una nueva Carta Magna en el referéndum que tendrá lugar el próximo 25 de octubre, planteado como la vía política para poner fin a las revueltas sociales.
Chile vive la crisis social y política más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
Tras cinco meses de paréntesis por el confinamiento, las protestas se reactivaron el pasado mes de agosto, coincidiendo con el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias que vive el país desde hace semanas.
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