El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se declaró este miércoles a favor de la investigación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “Con respecto al régimen de Maduro hemos tenido una posición clara de condena y ella seguirá siendo la misma en todos los ámbitos”, declaró el mandatario a través de su cuenta en Twitter, donde también compartió un comunicado del ministerio uruguayo de Relaciones Exteriores.
“Uruguay apoya el Proyecto de Resolución presentado por Perú en nombre de algunos países miembros del Grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el que se prorroga el mandato de la misión de determinación de los hechos que investigó la violación de derechos humanos en Venezuela”, señala el texto de la Cancillería emitido este miércoles.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela denunció este miércoles ante Naciones Unidas crímenes contra la humanidad cometidos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
En el debate posterior a las intervenciones de la Misión Internacional y de Venezuela, la delegación de la Unión Europea y la peruana en nombre del Grupo de Lima manifestaron su apoyo al informe y a su petición de investigaciones imparciales.
Crímenes de estado sistemáticos
Según la Misión Internacional, las violaciones de DDHH fueron perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.
“Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (...) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, concluyó la investigadora portuguesa.
El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de hoy a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.
El documento fue contestado contundentemente por la delegación de Venezuela, que actualmente forma parte del propio Consejo de Derechos Humanos y acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de estar detrás del informe.
Según el embajador del régimen chavista en Ginebra, Jorge Valero, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, “ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios”.
“La CIA y otros órganos del Gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente” utilizando a “ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio”, añadió en su intervención ante el mismo consejo, que en 2019 dio luz verde a la misión.
El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por varios países vecinos de Venezuela “buscando concertar acciones para derrocar al Gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los gobiernos títeres de Colombia y Brasil”.
El informe, de 411 páginas, investigó unas 4.600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
La presidenta de la misión tripartita defendió la “total independencia e imparcialidad” de su labor y lamentó que el régimen venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones “in situ” en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.
Con información de EFE
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