El duelo entre el Gobierno y el Congreso peruano, dominado por la oposición, continuó sin tregua este viernes después de que el Ejecutivo anunciara una nueva cuestión de confianza, la tercera vez en un año que utiliza ese mecanismo que puede derivar en la disolución del parlamento.
Esa fue la respuesta anunciada de forma solemne por el presidente Martín Vizcarra a la decisión tomada en la víspera por la comisión parlamentaria de Constitución, que archivó y evitó así el debate de la propuesta del mandatario de adelantar las elecciones generales -Presidencia y Congreso- para salir del atolladero político en el que está el país por el antagonismo entre ambos poderes del Estado.
El proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) es el argumento elegido por el Ejecutivo para presentar su pedido de confianza, que será presentado formalmente el lunes y que busca, según dijo Vizcarra, preservar el máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana del “copamiento” que la “corrupción” planea hacer del mismo.
El anuncio de Vizcarra, que se hizo esperar toda la mañana entre un férreo mutismo oficial que dio lugar a numerosos rumores, sirvió tanto para reafirmar que el mandatario y su Ejecutivo proseguirán en su pelea contra el Congreso, caiga quien caiga, como para confirmar que el mandatario no proseguirá con su plan para adelantar las elecciones, al menos no como lo había planeado en un primer momento.
El jueves el primer ministro, Salvador del Solar, quien había intentado negociar el adelanto electoral hasta el último minuto, anunció que el Gobierno “no se iba a quedar de brazos cruzados” tras la decisión de archivarlo, lo que dio lugar a especulaciones sobre qué podía hacer al respecto.
Pese a que el Ejecutivo cuenta con el respaldo abrumador de la población sobre su iniciativa electoral, y a que el Congreso es de lejos la institución más desaprobada por los peruanos, no quedaba resquicio constitucional para poder llevar a cabo esa medida.
Sin embargo, el Ejecutivo parece haber encontrado en el TC otro punto sensible para continuar en su cruzada, como un organismo bajo “amenaza” de formar parte de las “repartijas” de la clase política peruana penetrada por la corrupción.
Y es que el Congreso, dirigido por el fujimorismo y sus aliados, planea renovar el lunes 30 a seis de los siete miembros del organismo, en medio de una amplia polémica por la forma de tramitar el proceso, los apuros repentinos y la figura de algunos de los candidatos propuestos.
El nuevo TC puede resolver, entre otros temas, sendos recursos presentados para que recuperen la libertad la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de activos en sus campañas electorales, y su padre, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
También puede sentarse a interpretar si el Gobierno o el Congreso tienen la razón en caso de que se intente un proceso de vacancia (destitución del presidente) o disolución del Parlamento.
Entre los candidatos propuestos para entrar al Tribunal Constitucional están tres que ya se han mostrado a favor de la liberación de Keiko Fujimori, entre ellos el ex abogado del fallecido ex presidente Alan García (1985-1990), cuyos seguidores apristas son los principales aliados del fujimorismo.
Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su “preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia” del proceso de renovación del Constitucional.
“El país requiere que los magistrados del TC gocen de intachable trayectoria ética. La elección debe ser plural, pública y transparente, y el Congreso tiene la responsabilidad de que los candidatos sean idóneos. Sin embargo, la mayoría (parlamentaria) convocó a una sesión para designar a magistrados que respondan a sus intereses, que no son los de la nación”, denunció Vizcarra.
El mandatario se apoyó también en una denuncia hecha por la magistrada del TC Marianella Ledesma, publicada este viernes por el semanario “Hildebrand en sus trece”, quien dijo, sin dar nombres, que le habían ofrecido “quedarse en el TC” si votaba “por la libertad de Keiko Fujimori”.
En virtud de lo que ampara la Constitución peruana, el Congreso deberá ahora aprobar la propuesta del Gobierno sobre este tema -cuyo contenido aún se desconoce- o bien afrontar su posible disolución.
Precisamente, entre las primeras críticas a Vizcarra tras su anuncio estuvo la legisladora fujimorista Cecilia Chacón, quien consideró que Vizcarra “estaría buscando cualquier excusa para cerrar el Congreso”.
Álvaro Mellizo para EFE
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