
España, junto a Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia, ha defendido este martes sancionar el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, señalando su intención de dar pasos en este sentido, que gobiernos como el de Pedro Sánchez ya adoptan desde hace un año.
En un comunicado conjunto, que llega cuando Reino Unido, Francia y Canadá han dado el paso conjunto de aplicar el veto a las importaciones de los asentamientos israelíes, esta coalición de países ha denunciado que el auge de la violencia en Cisjordania por parte de colonos y la expansión de los asentamientos "ponen en peligro la posibilidad de una solución de dos Estados".
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"La situación se está deteriorando rápidamente, mientras que la violencia perpetrada por los colonos y la expansión de los asentamientos han alcanzado niveles sin precedentes, incluida la inadmisible decisión de publicar licitaciones para el proyecto de asentamiento E1", han subrayado estos países.
Así han confirmado "su intención de imponer restricciones nacionales al comercio de bienes con asentamientos ilegales conforme al Derecho Internacional", además de promover este mismo paso en el ámbito europeo, y que "están considerando seriamente adoptar" estas sanciones. De todos modos, Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica ya han dado el paso, por lo que ahora serán Canadá, Reino Unido y Francia quienes se unan a la medida de presión a Israel.
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"Estamos convencidos de que la solución de dos Estados debe ser protegida y estamos decididos a actuar en favor de una paz justa y duradera, sobre la base de los principios establecidos en la Declaración de Nueva York adoptada hace un año", han recalcado, rechazando medidas que sirvan para "la anexión de tierras palestinas y el desplazamiento forzoso de población palestina".
De esta forma, han exigido al Ejecutivo israelí que "ponga fin inmediatamente a la expansión de los asentamientos y de las competencias administrativas civiles", al tiempo que han reclamado una rendición de cuentas para que los colonos responsables de actos de violencia "respondan por sus actos", así como piden abrir investigaciones sobre las acusaciones contra las fuerzas israelíes.
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El comunicado concluye con un reconocimiento de que "los legítimos intereses de seguridad de Israel", así como una condena firme de los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás en suelo israelí. También incide en la lucha contra el antisemitismo, pero subraya que el paso se da en vista con preservar la solución de dos Estados.
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