España ve en las sanciones de EEUU contra la presidenta del TPI "un ataque flagrante" contra su independencia

El Gobierno ha deplorado este miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un abogado de la Fiscalía, que ha considerado "un ataque flagrante" contra la independencia de la corte, cuyo papel en la persecución de crímenes contra la Humanidad ha ensalzado.

"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad", del TPI, ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, incidiendo en que el mandato del tribunal viene otorgado por los estados miembro que han ratificado el Estatuto de Roma.

A juicio del Gobierno español, el TPI "desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas". "Es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional", ha resaltado en su comunicado Exteriores.

Así las cosas, el Ejecutivo ha aprovechado para reiterar "su respaldo firme e inequívoco" a este tribunal con sede en La Haya y para trasladar "su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la corte afectados por las sanciones".

"España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional", ha rematado Exteriores.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta del TPI y contra el letrado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en la investigación a Israel por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida acusando a ambos de haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".