Víctimas de abusos en la Iglesia celebran el protocolo de reparación aunque la mayoría recela de la ausencia de baremos

El plazo limitado de un año para que las víctimas soliciten indemnización y la posibilidad de una revisión para quienes pasaron por el anterior sistema PRIVA han generado inquietud entre los sobrevivientes de abusos sexuales en la Iglesia. Sobre estos puntos, Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de la Abadía de Montserrat, planteó reservas sobre el protocolo firmado este lunes entre el Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo, ya que considera que estas condiciones pueden dificultar una reparación fiable y equitativa. La noticia principal radica en la valoración de los avances logrados en el proceso de reparación para las víctimas tras este acuerdo, aunque persisten dudas acerca de los criterios de compensación y la garantía de transparencia durante el proceso.

Según publicó Europa Press, víctimas y asociaciones han resaltado como un avance significativo la instauración de un mecanismo de reparación impulsado desde el Estado y financiado por la Iglesia. Entre los aspectos más señalados, Hurtado remarcó que la ausencia de un baremo objetivo en las compensaciones constituye una de las principales preocupaciones. En sus palabras, "no es comprensible que no se haya acordado un baremo objetivo que establezca qué criterios se van a tener en cuenta para fijar la indemnización y cuál es la horquilla de cantidades que se van a pagar en función de la gravedad del daño. Sin baremo, el proceso de reparación va a ser poco garantista y transparente para las víctimas". Hurtado considera que la decisión de no fijar límites responde al interés de la jerarquía eclesial de reducir el impacto económico derivado de los abusos, y comparó la situación con el modelo irlandés, donde la implementación de un baremo permitió una reparación integral con un coste considerable a cargo de la Iglesia.

Europa Press también informó que la temporalidad para solicitar la indemnización se percibe como “claramente insuficiente” para muchas víctimas, quienes sostienen que un año es un periodo corto considerando la gravedad y el tiempo de maduración de los procesos de denuncia y afrontamiento de este tipo de delitos. Hurtado insistió en que este plazo restrictivo puede limitar el acceso de afectados a mecanismos de reparación, reforzando el llamado a modificar este aspecto del acuerdo.

Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), calificó el protocolo como un “hito”, aunque lamentó que se ha demorado innecesariamente, de acuerdo con Europa Press. Cuatrecasas atribuyó la tardanza a “reticencias absolutamente absurdas” por parte de la Iglesia católica y señaló que, pese a que esta institución encubrió delitos durante décadas, ahora insiste en sus obligaciones morales. Respecto a la ausencia de baremos, Cuatrecasas opinó que podría responder a una condición exigida por la Iglesia para alcanzar el acuerdo, y remarcó que un sistema de indemnización sin criterios claros carece de lógica. En cualquier caso, expresó confianza en el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y en la gestión del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La participación del Defensor del Pueblo en el proceso ha sido valorada por representantes de distintas asociaciones, quienes señalaron a Europa Press que otorga mayores expectativas de neutralidad e imparcialidad en comparación con experiencias previas. Mikel Eziolatza, portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, declaró que esta intervención genera “esperanza y cautela”, y reiteró la necesidad de criterios más objetivos y la preocupación de que puedan existir agravios comparativos entre víctimas de casos similares en ausencia de un baremo. Eziolatza destacó además que el planteamiento de una reparación integral mencionado por Gabilondo incluye tratamientos psicológicos y atenciones más allá de lo económico, punto considerado de gran relevancia para quienes han padecido estos abusos.

Las demandas de las asociaciones, detalladas por Europa Press, han incluido la reclamación de que se contemplen incapacidades laborales en la reparación, habida cuenta de que diversas víctimas presentan dificultades para mantener sus empleos. También valoraron positivamente que quienes ya recibieron respuesta del plan PRIVA cuenten ahora con la posibilidad de una revisión en el nuevo sistema, de modo que no existan víctimas de “primera y segunda” categoría.

Manuel Barbero, fundador de la asociación Mans Petites y padre de una de las denunciantes del caso Maristas, reconoció la importancia del acuerdo aunque advirtió sobre la necesidad de controlar su implementación: “Que la Iglesia acceda a que arranque esa comisión, es algo bastante importante y hay que celebrarlo. Luego hay que ver cómo trabaja esa comisión”, expresó en declaraciones recogidas por Europa Press. Barbero consideró aceptable la ausencia de baremos, ya que estima que cada caso es diferente y requiere un análisis propio, sin establecer mínimos ni máximos en las compensaciones.

Por otro lado, Europa Press consignó que agrupaciones como Justice Initiative España, ANIR, AVA (Asociación de víctimas de Navarra) y LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) han manifestado en un comunicado su respaldo al protocolo y la satisfacción por el liderazgo de las víctimas en el proceso. Las asociaciones subrayaron la importancia de que el sistema permita elegir entre el mecanismo mixto y el sistema previo PRIVA, así como la “imparcialidad” que aporta el arbitraje del Defensor del Pueblo. El comunicado indicó: “Este protocolo se alinea con el modelo suizo, referente europeo en la reparación de injusticias históricas contra menores. La creación de la Comisión Mixta, con representación de las asociaciones de víctimas, es un paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa”.

El desarrollo del nuevo protocolo representa una evolución en la respuesta institucional ante los abusos cometidos en el ámbito eclesiástico en España, aunque la falta de criterios claros para la cuantía de las indemnizaciones y la brevedad del plazo para solicitar reparaciones han suscitado advertencias sobre posibles riesgos de falta de transparencia y desigualdad en el acceso a la justicia restaurativa. Mientras tanto, sobreviven las demandas de una reparación que vaya más allá de lo económico e incluya reconocimiento y apoyo integral a las víctimas.