SATSE reclama que se apliquen ya las medidas del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco contra todo tipo de violencia

El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un aumento de agresiones en el ámbito sanitario, con un total de 18.563 incidentes denunciados en 2025, lo que supone un incremento del 8,74 por ciento respecto al año anterior. De ese total, el 30 por ciento de las víctimas fueron enfermeras, un porcentaje algo superior al 29 por ciento consignado en 2024. Este contexto ha llevado al Sindicato de Enfermería (SATSE) a exigir a las comunidades autónomas la adopción inmediata de las medidas presentes en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, independientemente de que aún no esté aprobado por el Congreso de los Diputados. SATSE solicita una protección homogénea para los profesionales sanitarios en todo el territorio, según publicó el propio sindicato y recogió el medio de comunicación.

En comunicaciones realizadas por SATSE y difundidas por diversos medios, se señala que la negociación mantenida con el Ministerio de Sanidad permitió introducir un decálogo de actuaciones y medidas orientadas a resguardar a los colectivos de enfermeras, fisioterapeutas y a otros trabajadores de la sanidad pública ante el aumento de agresiones verbales y físicas, así como de conductas violentas de carácter sexual o por razón de género. Tal como informó SATSE, el proyecto normativo prevé, en su artículo 24, sobre los derechos individuales del personal estatutario, el establecimiento de un plan de prevención y respuesta frente a este tipo de agresiones y actitudes violentas en el trabajo.

El sindicato enfatiza que las autonomías deben empezar a aplicar las medidas incluidas en el anteproyecto, subrayando que “no se puede esperar” a la aprobación definitiva en el Parlamento por la urgencia del problema y la proliferación de casos en los últimos años. Entre los ejes principales se destaca la obligación de los servicios de salud de promover y aplicar protocolos y actividades para anticipar y enfrentar los riesgos asociados tanto a la violencia laboral como a la violencia de género y sexual dentro del entorno sanitario, consignó el medio según los argumentos del sindicato.

La organización pone especial atención en que la implementación de las medidas sea conjunta en todas las autonomías, de forma que la protección a los profesionales sanitarios sea igual para todos, sin importar la región en la que desempeñen su labor. SATSE argumenta que “cualquier persona ha de trabajar sin miedo y con la plena certeza de que su administración va a hacer todo lo posible para evitar situaciones violentas y que, si se producen, tendrá todo el apoyo y ayuda necesaria”, recogió el medio en su cobertura.

En relación con aspectos legales, la reforma del Estatuto Marco amplía las garantías del personal estatutario, reconociendo su condición de Autoridad Pública. Esta equiparación significa que, desde la modificación del Código Penal en 2015, las agresiones graves o amenazas a profesionales sanitarios de centros públicos se tratan como delitos de atentado contra la autoridad, lo que implica sanciones más elevadas en comparación con delitos comunes de lesiones o amenazas, mencionó SATSE y detalló la fuente original.

SATSE también destaca, según recoge el medio, ciertos avances logrados en la negociación colectiva entre el Ministerio y los sindicatos: en los supuestos de violencia de género o sexual en los que una víctima se vea obligada a abandonar su puesto en la localidad donde trabaja, tendrá garantizado el derecho a trasladarse a otra plaza de la misma categoría profesional, sin necesidad de que exista vacante previa. Además, la administración deberá comunicar las vacantes existentes tanto en la misma localidad como en cualquier otra que la persona afectada solicite. En caso de ser necesario, las comunidades autónomas deberán facilitar la movilidad interterritorial para garantizar la seguridad y la protección efectiva de estas víctimas.

En lo referente a excedencias, el anteproyecto contempla que las víctimas podrán solicitarlas sin periodo mínimo de servicio y sin que se exija un plazo de permanencia en el puesto. La persona afectada mantendrá la reserva de su plaza de origen y, durante los seis primeros meses, también la reserva de su puesto de trabajo anterior. Ese periodo computa para la antigüedad, carrera profesional y derechos en el ámbito de la Seguridad Social, según los detalles aportados por SATSE en el comunicado consignado por la prensa especializada.

Otro aspecto incluido en el anteproyecto, según comunicó SATSE y fue recogido por el medio, es la obligación de las administraciones sanitarias de contar con un conjunto planificado de acciones y recursos enfocados en lograr la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Para ello, se establece la incorporación de protocolos específicos para prevenir y reaccionar ante casos de acoso o violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, así como por diversidad familiar.

SATSE manifestó también que la diversidad de contextos y situaciones en los sistemas de salud autonómicos exige una respuesta coordinada y común por parte de todas las administraciones, reiterando que “no hay solución única, y mucho menos autónoma” para erradicar la problemática de la violencia en el sector sanitario. La organización sindical concluye que solo con el esfuerzo conjunto de todos los actores implicados podrá evitarse que el número de afectados siga aumentando cada año, según consta en las informaciones publicadas y en las declaraciones recogidas por los medios de comunicación.