El PP exige endurecer el protocolo por agresiones sexuales a funcionarias de prisión y castigar el exhibicionismo

La existencia de un protocolo general frente al acoso sexual dentro de la Administración General del Estado, aprobado en marzo de 2024, no contempla los casos en los que los autores de los comportamientos sean internos del sistema penitenciario. El Partido Popular, según detalló el medio fuente, sostiene que esta laguna normativa transmite una situación de “desprotección institucional” hacia las trabajadoras de las cárceles en España y, como consecuencia, fomenta que se produzcan menos denuncias y se incremente la doble victimización.

De acuerdo con lo publicado, el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que se endurezcan los protocolos actuales frente a conductas de violencia sexual, acoso y agresiones sufridas por funcionarias de prisiones. Según consignó el medio, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo reclama, además, que se sancionen específicamente actos como el exhibicionismo o las demandas de relaciones sexuales, conductas a las que se enfrentan de forma cotidiana muchas trabajadoras del personal penitenciario.

El documento registrado por el PP, previsto para debatirse en la Comisión de Interior, expone que las empleadas de los centros de reclusión soportan a diario comportamientos como exhibicionismo, comentarios y amenazas con connotaciones sexuales, tocamientos, intimidaciones e inclusive agresiones físicas. El partido remarcó que, ante estos episodios, las herramientas administrativas existentes no resultan suficientes en el caso de que la persona responsable sea un interno, informó la fuente.

La iniciativa parlamentaria plantea que la conducta de la administración, considerada “tardía, insuficiente o inexistente”, constituye también una forma de violencia institucional incompatible con los postulados de un Estado social y democrático de derecho. En este sentido, el PP defiende que las cárceles no deben convertirse en espacios donde se vulneren los derechos fundamentales de seguridad, integridad e igualdad de las mujeres que allí trabajan, reportó el medio.

El Partido Popular propone la aprobación de un protocolo específico para combatir agresiones, acoso y toda forma de violencia sexual ejercida contra funcionarias por parte de internos en los centros penitenciarios. Esta guía debería incorporar la perspectiva de género en la seguridad penitenciaria y priorizar la protección efectiva de las trabajadoras. Además, la propuesta subraya la necesidad de que el protocolo vaya más allá de la actuación posterior al incidente, e incluya medidas preventivas y sistemas de detección temprana para frenar las agresiones desde el inicio.

Entre las medidas sugeridas, el PP reclama que las víctimas de estas conductas reciban protección inmediata, lo cual implicaría, según publicó el medio, la separación del agresor —mediante su aislamiento o traslado— para evitar posibles represalias o nuevos episodios. Añade la propuesta de que las acciones de índole sexual o sexista cometidas contra el personal femenino se consideren faltas susceptibles de sanción disciplinaria.

El PP también reclama el acceso inmediato a apoyo psicológico y asesoramiento jurídico para las mujeres afectadas, destacando la importancia de proporcionar herramientas no solo de intervención, sino también de acompañamiento tras los hechos. El documento partido remarca la necesidad de que los programas de prevención de agresiones, como el Plan de Prevención de Agresiones a Funcionarios de Prisiones (PEAFA), incluyan expresamente las agresiones sexuales y sexistas dentro de su ámbito de actuación.

Entre los requisitos adicionales, el PP pide que en cada establecimiento penitenciario se nombre a una persona responsable de coordinar y supervisar la respuesta frente a estos incidentes, así como de comunicar a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal cuando proceda, reportó la fuente.

La iniciativa incluye también la solicitud de reformas legales que permitan considerar las agresiones sexuales contra funcionarias de prisiones como una modalidad agravada dentro del código penal. Asimismo, el PP plantea que comportamientos que en otros contextos sociales no se contemplan como delitos, como el exhibicionismo ante trabajadores o la solicitud de relaciones sexuales, pasen a estar tipificados como delitos en el ámbito penitenciario para reforzar la cobertura y protección de las víctimas.

Este conjunto de peticiones, según reportó el medio, se enmarca en el objetivo de endurecer el tratamiento institucional frente a conductas sexuales o sexistas en las cárceles españolas, situando la protección de las mujeres trabajadoras en el eje de la gestión penitenciaria y legislativa.