Detenidos 91 anarquistas para evitar su participación en una manifestación declarada ilegal en Roma

La Policía de Roma, con el apoyo de las fuerzas especiales, identificó y retuvo a todas las personas que acudieron el domingo a un acto en recuerdo de Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone en el parque Modesto di Veglia. El homenaje, realizado bajo una prohibición oficial, reunió a cerca de 60 asistentes bajo intensa vigilancia policial y llevó a la detención de 91 simpatizantes anarquistas en los accesos. Según informó el medio, esta operación buscaba impedir la realización de una manifestación no autorizada que había sido convocada tras la muerte de los dos activistas el pasado viernes.

De acuerdo con lo publicado, la intervención de las fuerzas de seguridad recibió respaldo directo de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, que detalló la cifra de detenciones y defendió la necesidad del Decreto de Seguridad propuesto por su Ejecutivo. Meloni declaró en redes sociales: “La detención preventiva de 91 individuos del movimiento anarquista, considerados peligrosos y que llegaron a Roma para una manifestación no autorizada en memoria de los dos anarquistas muertos el 19 de marzo en la explosión de una bomba que estaban preparando, confirma la necesidad de esta medida”. El gobierno enmarcó la acción policial dentro de sus esfuerzos por controlar movimientos que considera una amenaza para el orden público, reforzando las competencias de la policía a través del nuevo marco normativo.

La manifestación ilegal, motivada por la muerte de Mercogliano y Ardizzone mientras manipulaban un explosivo, fue frenada en su fase organizativa e impidió que simpatizantes anarquistas llevasen a cabo su protesta en las calles de la capital italiana. A pesar de la prohibición, el homenaje en el parque vio la presencia de decenas de personas que depositaron flores para recordar a las víctimas. Todas fueron identificadas por las fuerzas de seguridad, y los 91 detenidos —autorizados por la Fiscalía— fueron trasladados a comisaría, donde se procedió a su identificación formal y se evaluó la emisión de posibles órdenes de expulsión del país, detalló el medio.

Las autoridades justificaron la ilegalización de la concentración argumentando que su objetivo resultaba contrario a los valores de convivencia democrática y civil, apelando además a la ideología anarquista como contraria al orden establecido. La Policía italiana añadió que la convocatoria exaltaba el uso de métodos violentos, ya que los dos homenajeados perdieron la vida durante el montaje de un artefacto explosivo con presunta intención delictiva.

Las críticas a la gestión del Ejecutivo y al Decreto de Seguridad surgieron de sectores sociales que consideran que estas medidas restringen el derecho a la protesta y otorgan poderes excesivos a la Policía, según consignó el medio. No obstante, Meloni insistió en que la nueva legislación no busca limitar el derecho a manifestarse sino garantizar manifestaciones pacíficas, conforme lo dicta la Constitución, protegiendo tanto a los participantes como a la ciudadanía de posibles episodios de violencia.

El incidente que originó la polémica se registró el 19 de marzo en un edificio abandonado situado cerca del Parque de los Acueductos, en el sureste de Roma. Según indicó la Fiscalía, Mercogliano y Ardizzone manipulaban una bomba cuando se produjo la explosión fatal. Las autoridades identificaron dificultades en el reconocimiento de los cuerpos debido a los daños severos, especialmente en el caso del hombre que perdió una mano. La identificación se efectuó principalmente mediante la observación de tatuajes.

La Fiscalía reveló que los fallecidos mantenían vínculos con la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), agrupación que cuenta con antecedentes por actos violentos. En esta organización milita Alfredo Cospito, actualmente condenado a 23 años de prisión por un atentado sin víctimas. Según detalló el medio, Mercogliano, de 53 años y natural de Nola, en Nápoles, fue condenado en un macrojuicio por terrorismo relacionado con el movimiento anarquista en 2019. Ardizzone, de 36 años y procedencia romana, estuvo bajo investigación en un proceso judicial en Perugia el año anterior, pero resultó absuelta.

La respuesta de las fuerzas del orden y la reacción gubernamental han intensificado el debate público en Italia sobre los límites al derecho de protesta y el papel de las autoridades en la gestión de manifestaciones potencialmente conflictivas. Sectores sociales y agrupaciones políticas manifestaron inquietud ante la posibilidad de que la nueva normativa pueda emplearse para reprimir acciones colectivas pacíficas, mientras que el Ejecutivo insiste en la necesidad de las restricciones para impedir hechos similares que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, según la información publicada por el medio.