La ONU avisa de 45.000 desplazados en una semana por la crisis política abierta en el estado somalí de Suroeste

Una crisis humanitaria se intensifica en las afueras de Baidoa, donde la población desplazada sobrepasa las 430.000 personas debido a los efectos combinados del conflicto y la sequía. En este escenario, las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad enfrentan una situación particularmente crítica por el deterioro de las condiciones de protección y humanitarias. En este contexto, Naciones Unidas advirtió que la semana reciente ha visto un desplazamiento de al menos 45.000 personas en solo siete días, lo que subraya la gravedad del repunte de la tensión política en el estado somalí de Suroeste. Según informó la ONU, este aumento de movimientos forzados de población responde directamente al agravamiento de la crisis entre las autoridades regionales y el gobierno federal.

Tal como publicó la ONU, la discordia política alcanzó un nuevo punto álgido cuando el gobierno central declaró, a finales del domingo pasado, que la autoridad de Abdiaziz Laftagareen, presidente del estado de Suroeste, había expirado, desconociendo cualquier otra designación futura que pudiera proceder de su administración. Esta postura generó una fuerte reacción de las autoridades estatales, que el pasado sábado reeligieron a Laftagareen, en abierto desafío hacia el gobierno federal liderado por Hasan Sheij Mohamud. La disputa refleja una problemática estructural, pues varias administraciones regionales han rechazado las reformas constitucionales propuestas por el presidente somalí, quien recientemente aprobó una nueva Carta Magna.

La aprobación de la nueva constitución el pasado 8 de marzo desencadenó un aumento en la tensión política en diversas regiones. Según detalló la ONU, este texto legal permite la ampliación del mandato presidencial y modifica de manera sustancial la estructura federal, fortaleciendo el sistema de partidos políticos en detrimento del tradicional tribalismo somalí. Esta decisión tuvo lugar durante una votación parlamentaria marcada por la ausencia de sectores opositores, lo que generó críticas y ahondó la división con los gobiernos estatales, particularmente en Suroeste.

El medio ONU detalló que las autoridades del estado han denunciado un agravamiento de la situación tras el despliegue de fuerzas militares federales en la región bajo el argumento de combatir a la organización yihadista Al Shabaab. No obstante, líderes regionales consideran que el verdadero motivo de la presencia militar radica en presiones políticas para someter al gobierno local y suprimir la oposición a las reformas impulsadas desde la capital. Este contexto de inestabilidad política y militar ha impulsado el flujo masivo de personas hacia Baidoa, en busca de refugio y condiciones mínimas de seguridad.

El coordinador humanitario de la ONU para Somalia, George Conway, expresó preocupación por el ambiente que predomina en los alrededores de Baidoa, señalando que grupos particularmente vulnerables, como mujeres, menores y personas con necesidades especiales, padecen riesgos crecientes tanto de protección como humanitarios tras el reciente desplazamiento. Conway declaró: “En particular, las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad recientemente desplazadas se enfrentan ahora a mayores riesgos de protección y a un empeoramiento de las condiciones humanitarias en las afueras de la ciudad de Baidoa”. Además, el representante de Naciones Unidas instó a una desescalada inmediata de la crisis y pidió que todas las partes eviten acciones que puedan desembocar en episodios violentos. “Hago un llamamiento a la desescalada inmediata y a evitar cualquier actividad que pueda derivar en un conflicto violento. Todas las partes deben actuar ahora para reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares de forma segura y con dignidad”, solicitó Conway, según reportó la ONU.

A lo largo de esta semana, la situación en Suroeste empeoró al concentrarse no solo en el conflicto político regional, sino también en los efectos directos sobre la población civil. El movimiento de decenas de miles hacia Baidoa sitúa una presión adicional sobre una urbe ya sobrecargada por la presencia de desplazados forzados por la violencia y la sequía prolongada, que persiste en la zona. El medio ONU informó que la tensión creciente ha dificultado las labores humanitarias y agravado la vulnerabilidad de quienes ya vivían en condiciones críticas.

Las autoridades locales acusan al gobierno central de utilizar el combate contra el terrorismo como justificación para un control mayor sobre las administraciones regionales, mientras defienden la legitimidad de sus propios procedimientos políticos y rechazan perder autonomía frente a Mogadiscio. La controversia por la autoridad de Laftagareen y la reciente elección reflejan el trasfondo de desacuerdos respecto de los cambios constitucionales y el modelo de Estado. Según consignó la ONU, el desacuerdo no solo se centra en la figura del presidente regional, sino también en la orientación institucional que debe tomar Somalia en los próximos años.

La situación ha llevado a Naciones Unidas a reiterar su preocupación por el impacto inmediato en los desplazados y llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para evitar un agravamiento de la crisis humanitaria. La demanda de Conway enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad y la dignidad de las personas afectadas, planteando que una solución sostenible solo podrá alcanzarse con voluntad política de ambas partes para rebajar las tensiones y restaurar la confianza entre los actores implicados. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias siguen enfrentando desafíos en la provisión de ayuda para cubrir las crecientes necesidades de los recién llegados a los campamentos ubicados en las afueras de Baidoa.