El Gobierno palestino condena escalada de desalojos forzosos en Jerusalén y exige protección internacional

Un comunicado reciente del Ministerio de Exteriores palestino señaló que más de 200 familias residentes en Jerusalén Este, unas 900 personas, enfrentan riesgo de perder sus hogares debido a demandas presentadas por colonos israelíes en tribunales israelíes. Según consignó la nota ministerial citada por varias agencias, las autoridades palestinas advierten que estos procedimientos judiciales se emplean como mecanismos para consolidar una situación considerada ilegal en la ciudad y otorgarle una legitimidad cuestionada.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Exteriores palestino, el gobierno de Palestina ha condenado el aumento de desalojos forzosos en Jerusalén, denunciando una intensificación de medidas que, en palabras del ministerio, forman parte de un plan para modificar el equilibrio demográfico de la Ciudad Santa. El Gobierno palestino sostuvo que estas acciones buscan desplazar a los palestinos, a quienes denomina los legítimos habitantes de la tierra, e imponer nuevas realidades que alteran el carácter de Jerusalén.

El medio reportó que la declaración incluyó un llamado directo a la comunidad internacional, a los Estados y a las organizaciones multilaterales, para que tomen acciones y frenen los movimientos que podrían generar desplazamientos de población palestina en Jerusalén. En el mensaje institucional difundido en redes sociales, el ministerio recordó que los tribunales de ocupación constituyen uno de los instrumentos principales en este proceso y afirmó que se utilizan para perpetuar una realidad sin precedentes.

La apelación palestina enfatizó la necesidad de reforzar la protección legal y diplomática de los palestinos ante el panorama de traslados forzosos. El gobierno exigió que se respeten en todo momento los derechos de la población palestina y demandó que estos no sean vulnerados bajo ningún argumento. Dentro de este contexto, el Ministerio manifestó su compromiso de actuar en los planos político, diplomático y jurídico, con el objetivo de movilizar el apoyo internacional y asegurar la protección de los derechos considerados inalienables de su pueblo.

Según publicó la agencia, las protestas y declaraciones oficiales palestinas se difundieron en un contexto de creciente violencia en la región. Las autoridades palestinas informaron que al menos tres palestinos murieron recientemente a raíz de ataques realizados por colonos y durante una nueva operación de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania. Desde hace meses, se observa un repunte de este tipo de incidentes, situación que también ha sido denunciada por Naciones Unidas y diferentes organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 36.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares en tan solo un año, afectados por la escalada de violencia atribuida a fuerzas de seguridad y colonos israelíes en Cisjordania. El organismo advirtió sobre el aumento del riesgo de que estos episodios desemboquen en procesos de limpieza étnica, elevando la preocupación entre la comunidad internacional.

El marco legal internacional refiere que todos los asentamientos establecidos en los Territorios Palestinos Ocupados tienen carácter ilegal. Sin embargo, tal como detalló la fuente, el Gobierno israelí distingue entre asentamientos que han recibido su aprobación y aquellos que no; solo estos últimos son considerados irregulares bajo su propia legislación. Este diferendo continúa alimentando las tensiones y forma parte central de las críticas expresadas tanto por el gobierno palestino como por las organizaciones internacionales.

La escalada de incidentes violentos y desalojos ha experimentado un incremento desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que se produjeron ataques contra Israel liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). No obstante, la tendencia al aumento de víctimas palestinas en estos territorios ya era detectada desde los primeros nueve meses del año pasado, periodo en el que se contabilizó el mayor número de muertes en dos décadas, según cifras recogidas en relación con la Segunda Intifada.

El Gobierno palestino calificó como fundamental la intervención internacional para exigir responsabilidades y enjuiciar a los responsables de las expulsiones, despojos y otras violaciones de derechos, según comunicó el Ministerio de Exteriores palestino. La institución reiteró su propósito de continuar acciones en distintos escenarios para detener los desalojos y garantizar el respeto al derecho internacional y humanitario en la ciudad de Jerusalén y en otras áreas bajo disputa.