El Ejecutivo prevé que en el primer semestre de 2026 se habiliten canales específicos de comunicación y asistencia para víctimas, detenidos e investigados con discapacidad intelectual, facilitando su acceso a servicios especializados y reforzando la colaboración con Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como con organizaciones sociales. Este mecanismo, que integra varias líneas de acción, aparece recogido en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Así lo detalló el Gobierno en una respuesta oficial a una pregunta planteada por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, según publicó Europa Press. En esa comunicación, el Ejecutivo especificó que ya ha capacitado a cuarenta fiscales con la finalidad de profundizar en la detección y la investigación de delitos motivados por prejuicios hacia personas con discapacidad.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Europa Press, el proceso de formación se desarrolló en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. La pregunta del PP solicitaba explicaciones sobre las medidas implementadas a lo largo de 2025 para frenar el incremento de delitos de odio dirigidos a personas con discapacidad en España.
En su contestación, el Gobierno remarcó la especialización de cuarenta agentes del Ministerio Fiscal en la materia durante ese año, pretendiendo con ello optimizar los métodos de identificación e investigación de estos delitos. Además, expuso que la intervención estatal en 2025 ha intensificado tanto el análisis como la visibilización de la discriminación basada en discapacidad. Para este propósito, reportó la actualización de la terminología en informes y estudios publicados, así como el inicio de investigaciones orientadas a identificar los factores que hacen más vulnerables a las personas con discapacidad intelectual frente a delitos de odio, buscando sustentar en datos empíricos el diseño de políticas preventivas futuras.
El III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, en vigor de 2025 a 2028, incluye entre sus medidas el fomento de canales específicos de asistencia y la figura del “facilitador” en procedimientos policiales. El Gobierno describió esta figura como un recurso destinado a asegurar que las personas con discapacidad intelectual, en su condición de víctimas, detenidas o investigadas, puedan comprender el proceso y evitar experiencias de indefensión o victimización secundaria.
Para apoyar la labor de los agentes implicados, se publicó la “Guía para el primer interviniente”, dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, en marzo de 2025 se añadieron dos documentos operativos complementarios. Estos materiales fueron elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participaron representantes del Ministerio Fiscal, cuerpos policiales, la Universidad Complutense de Madrid y organizaciones especializadas como Fundación A LA PAR y Plena Inclusión. La finalidad de estos recursos busca reforzar la capacitación práctica de los agentes policiales en situaciones que impliquen a personas con discapacidad intelectual.
El plan también contempla mejorar el acceso a la información a través de materiales adaptados en formatos de lectura fácil, facilitando así la comprensión a las personas con discapacidad. Además, se impulsa la formación especializada de los cuerpos policiales en técnicas de detección, identificación y respuesta frente a incidentes que puedan afectar a este colectivo. En esta dirección, se prioriza la organización de jornadas formativas conjuntas orientadas tanto al personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como a entidades sociales especializadas, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.
Europa Press consignó que los días 17 y 18 de diciembre de 2025 se celebró el VIII Seminario sobre Delitos de Odio bajo el lema “Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas”. Este evento, organizado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), sirvió para ampliar la formación de los diferentes cuerpos policiales en la materia y compartir buenas prácticas y marcos de intervención en la protección de víctimas con discapacidad.
En la respuesta oficial, el Ejecutivo subrayó además el énfasis puesto en investigaciones orientadas a fundamentar políticas públicas desde la evidencia empírica, con especial atención a los riesgos que afrontan las personas con discapacidad intelectual. Todo este despliegue responde al objetivo declarado de frenar el avance de los delitos motivados por prejuicios y mejorar la protección y asistencia a las víctimas, según el Gobierno y tal como recogió Europa Press.
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