La Oficina de DDHH alerta de 5.519 muertes en Haití por la violencia de pandillas y la represión de las mismas

El informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas destacó que, aunque se han creado dos unidades judiciales especializadas para enjuiciar crímenes masivos, incluida la violencia sexual, los avances enfrentan limitaciones debido a la persistencia de la impunidad en casos de corrupción y financiación de bandas criminales. La noticia principal refiere a la alerta internacional emitida tras el fallecimiento de 5.519 personas y las heridas de 2.608 en Haití en menos de un año, como resultado de la violencia relacionada con bandas armadas, intervenciones oficiales en su contra y acciones de grupos de autodefensa, de acuerdo con el recuento de Naciones Unidas.

Según informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la expansión de la actividad de las pandillas ha traspasado los límites de Puerto Príncipe, consolidando su control sobre rutas marítimas y terrestres consideradas fundamentales para su funcionamiento y acceso a recursos, señala el documento publicado. Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, el organismo atribuyó 1.424 muertes y 790 heridos a las acciones directas de pandillas, mientras que los operativos de las fuerzas de seguridad contabilizaron 3.497 muertos y 1.742 heridos. Por otra parte, los grupos de autodefensa ocasionaron 598 fallecidos y 76 lesionados según consignó el informe.

El medio detalló que la situación de inseguridad se agrava ante la capacidad de las bandas armadas para fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio en áreas claves, lo que sustenta su capacidad organizativa y fuentes de financiamiento ilícito. Entre los crímenes documentados figuran asesinatos, secuestros de personas, tráfico de menores, robos y delitos de extorsión. La ONU reportó que estos grupos también recurrieron a la violencia sexual como método para imponer el miedo y controlar a las comunidades locales. El organismo identificó al menos 1.571 casos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, principalmente agresiones en grupo, así como situaciones en que menores y adolescentes fueron forzadas a mantener vínculos sentimentales con miembros de pandillas y sufrir explotación continua y abuso sexual.

En el plano de la represión oficial, el documento presentado señala que la Policía Nacional ha sido responsable de casos en los que se utilizó fuerza de manera innecesaria o desproporcionada, con un registro de 247 ejecuciones sumarias —196 de ellas consumadas— que están bajo investigación, según publicó Naciones Unidas. Además, la Oficina alertó sobre la participación de una empresa militar privada en acciones de seguridad, como ataques con drones y disparos desde helicópteros. El informe advirtió que muchos de estos operativos podrían corresponder a asesinatos selectivos y remarcó la ausencia de investigaciones judiciales que esclarezcan la legalidad de estas actuaciones o las condiciones de los daños ocasionados.

El texto de Naciones Unidas también hizo referencia a la falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que dificulta el acceso a recursos efectivos y justicia para la población y las víctimas. Según observa el informe, no se han instrumentado procedimientos que permitan examinar las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los asesinatos y lesiones en el contexto de las operaciones de seguridad pública y privadas.

En otra de sus notas, Naciones Unidas puso especial atención en la dinámica de violencia impulsada por grupos de autodefensa y turbas populares, quienes —empleando armas de fuego de alto calibre, machetes y piedras— han protagonizado linchamientos contra individuos sospechosos de estar vinculados a bandas armadas o de incurrir en delitos. El reporte mencionó que algunos de estos homicidios habrían sido alentados o facilitados por miembros de la propia policía, lo que añade un grado de complejidad al clima de inseguridad que vive el país.

El documento recogió declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades haitianas a garantizar la seguridad de la población, respetando plenamente los derechos humanos y la normativa internacional.

Entre las iniciativas destacadas, la Oficina de Derechos Humanos valoró la creación de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Este cuerpo está sometido a un estricto sistema de control destinado a prevenir, investigar y sancionar posibles violaciones a los derechos fundamentales cometidas por sus integrantes durante sus funciones. No obstante, Türk remarcó que la efectividad de la FRP dependerá de fortalecer los esfuerzos para identificar, detener, investigar y juzgar a quienes sostienen, financian y organizan a las bandas criminales conforme a los estándares internacionales.

En el comunicado recogido por Naciones Unidas, Türk subrayó la importancia de adoptar políticas que apunten a reducir las desigualdades socioeconómicas en Haití como condición esencial dentro del proceso de reconstrucción de la cohesión social. Además, el informe, al referirse al sistema judicial, reconoció la puesta en marcha de nuevas instancias especializadas, pero lamentó el escaso avance en las causas relacionadas con corrupción y apoyo financiero a grupos delictivos, lo que refuerza la percepción de impunidad y mina la confianza de la población en las instituciones estatales.

El análisis de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU arroja que la violencia y la inseguridad conforman un fenómeno persistente y multidimensional en Haití, donde convergen el accionar de agrupaciones armadas, la reacción de fuerzas oficiales y la aparición de respuestas populares que, lejos de garantizar la protección ciudadana, contribuyen a multiplicar las posibilidades de abusos, excesos y vulneraciones graves a los derechos humanos.