La Audiencia Nacional acuerda interrogar a 'Anboto' y otros exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola en 2002

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, anunció que se establecerá una fecha para interrogar a cuatro antiguos dirigentes de ETA a raíz de la investigación sobre el atentado cometido en 2002 en la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, Alicante, un ataque en el que perdieron la vida Silvia Martínez, una niña de seis años, y Cecilio Gallego, de 57 años. La decisión busca profundizar en la presunta implicación de la cúpula de la organización en aquel atentado, según informó Europa Press.

De acuerdo con la providencia a la que accedió el medio Europa Press, la Audiencia Nacional decidió convocar como investigados a los exmiembros de ETA Ainhoa Mújica, conocida por el alias 'Olga'; Juan Antonio Olarra; María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; y Félix Ignacio Esparza. La citación responde a una petición presentada por la acusación, entre la que figuran la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia.

El anuncio adquiere relevancia en el contexto del reciente cambio en la situación procesal de algunos de los investigados. Precisamente, 'Anboto', María Soledad Iparraguirre, salió este martes de la cárcel tras habérsele concedido un régimen de semilibertad. Ante este hecho, Dignidad y Justicia expresó que la medida supone volver "a traicionar a las víctimas del terrorismo", según recogió Europa Press.

Según publicó el medio, la resolución de la Audiencia Nacional accede, de esta forma, a indagar la posible responsabilidad de la cúpula de la organización armada ETA en la planificación y decisión que llevó al atentado del 4 de agosto de 2002. Las investigaciones mantienen como hipótesis la implicación directa de la dirección de ETA en los hechos, basándose en el funcionamiento jerárquico y la estructura de la banda, caracterizada por una disciplina de tipo cuasi militar. En el auto judicial, el magistrado considera que el atentado podría haberse decidido en el seno de la dirección de ETA como respuesta y acto de presión ante las acciones legales dirigidas a la ilegalización de Batasuna, conforme a la Ley de Partidos Políticos. El proceso de ilegalización había comenzado previamente al ataque, según señala el propio auto judicial.

El ataque con coche bomba perpetrado en Santa Pola se produjo en medio de un proceso judicial y político para ilegalizar a Batasuna, formación considerada el brazo político de ETA. Este atentado causó conmoción en España y derivó en un proceso penal en el que, en 2012, la Audiencia Nacional dictó una condena de 843 años de prisión para los miembros de ETA Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, apodado 'Peio'. En esa sentencia, el tribunal consideró probado "sin ningún género de duda" que ambos participaron como autores materiales en la ejecución del ataque, según consignó Europa Press.

El medio Europa Press detalla que la actual investigación se orienta ahora a dilucidar la responsabilidad de los considerados autores intelectuales del atentado. El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ya había procesado en 2024 a otros exdirigentes de ETA en relación con los mismos hechos.

Las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional abordan la cadena de mando y el contexto interno de la organización en ese periodo, analizando decisiones tomadas por la dirección y el sentido estratégico detrás de la acción criminal. El escrito judicial subraya la importancia de establecer si la decisión de atentar en Santa Pola se tomó para contrarrestar los efectos del proceso de ilegalización de Batasuna o si este proceso político fue una consecuencia derivada de la actividad terrorista.

La providencia emitida por el juez Piña aparece en un momento en que diversas asociaciones de víctimas insisten en la necesidad de esclarecer la cadena de responsabilidades dentro de ETA y garantizar que, además de los autores materiales, los responsables de ordenar y planificar los atentados respondan ante la justicia. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo como Dignidad y Justicia han sido especialmente activas en solicitar la ampliación de las investigaciones a quienes formaron parte de la cúpula de la banda durante los años de actividad armada.

La investigación continúa centrada en recopilar testimonios y evidencias documentales con el objetivo de conocer el grado de implicación y participación de los exdirigentes citados. Según informó Europa Press, aún está pendiente fijar la fecha exacta para la comparecencia judicial, pero se espera que la convocatoria de los interrogatorios represente un avance en la investigación sobre el funcionamiento interno y la estructura de toma de decisiones de la organización armada en ese periodo.

La causa judicial sobre el atentado de Santa Pola persigue establecer el alcance de la responsabilidad penal más allá de quienes ejecutaron materialmente el atentado, buscando determinar en qué medida los miembros de la dirección de ETA participaron en la planificación o autorización de la acción terrorista que terminó con la vida de dos personas.