CCOO y UGT piden al Gobierno que siga adelante con el registro horario pese al 'no' del Consejo de Estado

El ahorro ilícito que obtienen las empresas en España por no pagar ni compensar cerca de 130 millones de horas extraordinarias anuales supera los 3.200 millones de euros, generando un perjuicio múltiple para los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Así lo han expresado CCOO y UGT, según detalló Europa Press, tras manifestar una “profunda preocupación” ante el dictamen del Consejo de Estado que rechaza la reforma del registro de la jornada laboral.

Según consignó Europa Press, CCOO y UGT han urgido al Gobierno a mantener el impulso de la reforma del registro horario, pese al informe negativo emitido por el Consejo de Estado respecto al proyecto de Real Decreto que busca modificar la normativa. En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que el dictamen, aunque no vinculante, introduce obstáculos en un tema en el que la prioridad debería ser la efectividad de la medida y la garantía del cumplimiento de la ley. Los sindicatos recalcan que la administración central tiene el deber de reforzar un sistema de registro horario que proporcione objetividad, fiabilidad, accesibilidad y resistencia a manipulaciones, afectando a los derechos de más de 16,6 millones de trabajadores y a la equidad en el tejido empresarial.

El medio Europa Press detalla que el dictamen del Consejo de Estado considera insuficiente la tramitación de urgencia elegida para este Real Decreto. Sostiene que la imposición de un registro digital único para todas las empresas —1.349.396 en total— requiere de un proceso de aprobación más amplio. Los sindicatos, por su parte, subrayan que el fraude vinculado a las horas extraordinarias no abonadas constituye un problema estructural en el país, ya que alrededor del 40% de estas horas no se remuneran ni se compensan. Esta realidad implica tanto un menoscabo para los salarios de los empleados como una merma para las arcas públicas y la protección social, ya que parte de los salarios no tributan ni cotizan a la Seguridad Social.

Según publicó Europa Press, CCOO y UGT insisten en que esta situación no es nueva y advierten de que el actual sistema de registro horario resulta insuficiente e ineficaz, al no garantizar plenamente el respeto a los derechos laborales ni la recaudación asociada. Los sindicatos destacan, además, que la legislación europea establece que los registros de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles, requisitos que el modelo vigente en España no asegura por completo, lo que ha sido motivo de reproche por parte de instancias comunitarias.

De acuerdo con el comunicado reproducido por Europa Press, las organizaciones sindicales también critican el enfoque del Consejo de Estado sobre la protección de datos. El dictamen viene acompañado de un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos, que señala insuficiencias en las salvaguardas legales del proyecto. CCOO y UGT consideran que la preocupación por la privacidad, en este contexto, podría estar dificultando el control de los incumplimientos, ya que el acceso a los registros de jornada por parte de la Inspección de Trabajo podría verse restringido. Sostienen que, llevado al extremo, este criterio podría incluso obstaculizar las inspecciones fiscales sobre la contabilidad empresarial en nombre de la protección de datos, un enfoque que califican como injustificado.

Europa Press relata que, para los sindicatos, no puede usarse la privacidad y la protección de datos como argumento para dificultar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral. Indican que, en lugar de amparar a los trabajadores, este enfoque podría terminar protegiendo a las empresas infractoras. También rechazan la sugerencia implícita de que el respeto a los límites de jornada o el pago de las horas extra pueda quedar sujeto a la negociación, remarcando que la negociación colectiva sirve para mejorar condiciones, pero no debe sustituir el cumplimiento de la ley.

Otra cuestión señalada es la competencia justa entre empresas. CCOO y UGT sostienen que el establecimiento de un registro horario eficaz es fundamental para evitar que las empresas que cumplen con la normativa se vean en desventaja frente a aquellas que basan su competitividad en eludir las obligaciones legales y laborales. Consideran imprescindible avanzar hacia un sistema de registro reforzado para preservar la justicia laboral y la igualdad en el mercado.

En relación al procedimiento elegido para la tramitación, el Consejo de Estado pone en tela de juicio el uso del Real Decreto y aboga por un debate parlamentario previo cuando se trata de reformas que afectan a un elevado número de compañías y a millones de trabajadores. El dictamen enfatiza la necesidad de una mayor reflexión legislativa antes de impulsar una solución única a nivel nacional, una visión que los sindicatos consideran que desvía el foco de la urgencia para combatir el fraude laboral.

Europa Press ha recogido también la referencia de los sindicatos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece como objetivo la implementación de sistemas de control de jornada transparentes y verificados. Los sindicatos argumentan que la iniciativa del Gobierno pretende alinearse con los principios europeos, incrementando el control para frenar la manipulación y reforzar las garantías de los registros horarios.

Finalmente, tanto CCOO como UGT alertan de que la insistencia del dictamen en remitir cuestiones clave de la reforma a negociaciones sectoriales o al entorno de la negociación colectiva podría debilitar el marco general de protección de derechos básicos, como el pago de salarios o la limitación de la jornada. Los sindicatos consideran inexcusable la postergación de la reforma bajo el argumento del procedimiento, instando a las autoridades a cumplir con sus compromisos en el marco del diálogo social y a consolidar un sistema de control horario que permita mejorar las condiciones laborales, el cumplimiento de la ley y la justicia en la competencia empresarial.