Los taxistas denuncian que las ayudas del Gobierno al sector excluyen a eléctricos y diésel

Antaxi reclama a la administración modificar el paquete de apoyo económico al transporte, al considerar que deja fuera a conductores afectados por el conflicto en Oriente Medio que poseen vehículos eléctricos o adaptados para movilidad reducida y diésel peninsulares

Guardar
Imagen QJPFVYUSPBCAHKCIARGXSVUYEY

Según la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), los vehículos eléctricos adaptados para personas con movilidad reducida y los taxis diésel que operan en la península no recibirán las ayudas directas previstas por el Gobierno en el nuevo Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Esta situación afecta a un 12% de la flota de taxis en España, ya que estos vehículos han quedado excluidos del apoyo económico destinado al sector transporte para afrontar el aumento en el coste del suministro derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De acuerdo con Antaxi, la exclusión de estos vehículos supone un perjuicio relevante para los profesionales que dependen de estos automóviles, quienes consideran las nuevas subvenciones como esenciales para mantener la rentabilidad en sus servicios.

Tal como publicó el medio, tras la aprobación la semana pasada del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, el Gobierno estableció mediante Real Decreto-Ley un sistema de ayudas que consiste en descuentos de 0,20 euros (20 céntimos) por litro a todos los transportistas, canalizados mediante el mecanismo del gasóleo profesional. En el caso específico de los taxis, este apoyo se establecería como una ayuda directa de 200 euros por vehículo. Sin embargo, la normativa oficial restringe los beneficiarios a los automóviles que utilizan gasolina, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), además de los taxis diésel que circulan en Canarias, Ceuta y Melilla.

El medio detalló que los taxis diésel peninsulares, así como los eléctricos en toda España, quedan fuera de este paquete de ayudas, según indicó Antaxi mediante un comunicado difundido después de analizar el impacto de la nueva legislación. Esta circunstancia también implica que la mayor parte de los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida no tendrán acceso a la ayuda económica, por utilizarse principalmente modelos diésel peninsulares y eléctricos para este servicio especializado.

Antaxi afirmó en el mismo comunicado que la medida representa un "varapalo importante para los profesionales del sector que circulan con este tipo de vehículos, que veían en este paquete de ayudas un salvavidas imprescindible para recuperar la rentabilidad perdida en sus servicios tras el encarecimiento del suministro derivado del conflicto bélico en Oriente Medio". La asociación subrayó que las condiciones económicas y las consecuencias del citado conflicto han incrementado los costes de operación para los taxistas, haciendo necesario, a su juicio, un apoyo económico equitativo que contemple todas las tecnologías y modalidades de prestación.

Además, el colectivo ya ha formalizado la reclamación ante la Dirección General de Transportes con el objetivo de que se modifique la actual regulación. Según explicó Antaxi al medio, la petición requiere ampliar el alcance de las ayudas, de modo que los vehículos eléctricos y los diésel peninsulares, incluidos aquellos adaptados a personas con movilidad reducida, puedan beneficiarse del programa y no queden excluidos de los beneficios previstos para otros taxis que sí cumplen las condiciones actuales del Real Decreto-Ley.

De acuerdo con la información difundida, la discriminación por tipo de tecnología utilizada en los vehículos llevará a una desventaja competitiva para parte del sector del taxi, afectando tanto a sus ingresos como a su capacidad para sostener servicios esenciales para la movilidad de determinados grupos sociales. Antaxi insistió en que la ayuda económica se diseñó como respuesta a la situación extraordinaria generada por la guerra en Oriente Medio y el consiguiente incremento del precio de los combustibles, por lo que solicita que la administración adecúe los criterios y contemple las realidades diversas que enfrenta el sector en el ámbito nacional.