
Fuentes del Ministerio de Trabajo han calificado como “incomprensible” la decisión del Consejo de Estado frente a la propuesta para reforzar el registro horario laboral, cuestionando que se desestime una medida que buscaba combatir el fraude y garantizar una competencia justa entre empresas. Según informó Europa Press, el Ministerio considera que rechazar este proyecto implica poner en duda uno de los compromisos democráticos adquiridos en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en 2023 entre PSOE y Sumar. Este plan pretendía endurecer el control del tiempo de trabajo mediante un sistema digitalizado, con el objetivo de evitar manipulaciones y asegurar que todas las horas extraordinarias reciban el pago correspondiente.
El diario ‘El País’ publicó que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno cuyos dictámenes no resultan vinculantes en la mayoría de los casos, emitió un informe desfavorable en respuesta a la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto sobre registro horario, remitido por el Ministerio de Trabajo a finales de febrero. El dictamen cuestiona la admisión de la reforma y detalla preocupaciones como la falta de diferenciación por sectores productivos y el incremento de la carga administrativa sobre pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, este organismo criticó que la vía elegida para aprobar el proyecto haya sido un Real Decreto en vez de una norma con rango de ley, según señaló el mismo medio.
El dictamen también recoge que los Ministerios de Economía y de Función Pública previamente expresaron reservas sobre diversos aspectos de la propuesta. Entre las críticas formularon la ausencia de previsiones específicas para sectores diversos y la carga adicional exigida a las pymes, que podrían verse especialmente afectadas por la obligatoriedad del registro digital. El informe cita que el sistema único propuesto podría no adecuarse a las distintas particularidades de cada ámbito laboral, lo que generaría dificultades en la aplicación e incrementaría la presión administrativa sobre empresas con menor capacidad de gestión tecnológica y de recursos.
El Ministerio de Trabajo, según reportó Europa Press, sostiene que el refuerzo en los mecanismos de control horario constituye una acción prioritaria en la modernización del mercado de trabajo español. Esta reforma busca que el registro de jornada sea digital, objetivo y verificable en tiempo real, de modo que cada trabajador pueda realizar sus propios apuntes, supervisando tanto las horas ordinarias y extraordinarias como las jornadas flexibles y los tiempos parciales. Uno de los puntos novedosos reside en que el acceso a estos registros sería inmediato no solo para los empleados, sino también para sus representantes sindicales y para la Inspección de Trabajo, facilitando así las comprobaciones en remoto.
El Consejo de Ministros había aprobado la tramitación urgente de este proyecto el 30 de septiembre del año pasado, permitiendo reducir a la mitad los plazos ordinarios requeridos por normativa. Entre las motivaciones principales del Ministerio de Trabajo destaca la persistencia de más de 2,8 millones de horas extra no remuneradas cada semana en España, cifra que se quiere combatir mediante la digitalización y la transparencia en los apuntes laborales. La medida pretende dificultar la manipulación de los registros, estableciendo que únicamente se puedan modificar los datos ingresados por los trabajadores con su expreso consentimiento, mientras que los representantes sindicales y la propia Inspección de Trabajo también accederían a la información de forma automática.
Tras el rechazo en el Congreso del proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, debido a la suma de los votos del Partido Popular, Vox y Junts, la ministra Yolanda Díaz decidió mantener la reforma del registro horario como un texto legal independiente. De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio reafirma su compromiso de impulsar el cambio normativo a pesar de las objeciones del Consejo de Estado y resalta que la reducción de la jornada cuenta con respaldo internacional y constituye una medida, en su visión, social y económicamente viable.
En la práctica, la intención del Gobierno es establecer un sistema donde la digitalización facilite la vigilancia efectiva del cumplimiento de los límites de jornada y de los periodos de descanso obligatorios, buscando erradicar los abusos y la competencia desleal entre empresas. Sobre este punto, Europa Press recoge que Trabajo insiste en la necesidad de sacar adelante la reforma, presentándola como una iniciativa no solo de modernización sino también de justicia laboral que impacta especialmente en la protección de los derechos de los trabajadores y en la regularización de las condiciones en el ámbito laboral español.
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