Juzgan a un "grupo criminal" acusado de engañar a mujeres de Nicaragua y mantenerlas ilegales en Alfaro y Huesca

Entre las pruebas recogidas durante el procedimiento, destaca un cuaderno localizado en una vivienda de Alfaro, en el que figuraban registros datados entre 2009 y 2017. Estos apuntes documentaban el cobro de sumas elevadas a mujeres procedentes de Nicaragua, quienes colaboraron con la investigación policial y cuya situación fue clave para detallar el modus operandi de la organización. Sobre la base de este hallazgo, la Audiencia Provincial ha iniciado el juicio contra siete personas acusadas de formar parte de un grupo dedicado al tráfico de personas y la explotación mediante la imposición de deudas desproporcionadas a al menos 26 mujeres nicaragüenses en situación vulnerable, según consignó Europa Press.

Según el relato incluido en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, la trama se gestó entre familiares originarios de Nicaragua, dos de ellos residiendo en España de forma legal, una en Alfaro y otra en Huesca. Ambas detectaron una alta demanda laboral en el sector del cuidado de personas mayores en el país y, en paralelo, recibían peticiones de información y ayuda de compatriotas interesadas en migrar. Motivadas por las posibilidades de lucro, diseñaron un sistema en el que sus familiares en Nicaragua, principalmente la madre, actuaban como intermediarias en la captación de mujeres dispuestas a viajar bajo la promesa de empleo seguro en España.

La oferta consistía en gestionar el viaje completo, incluidas reservas hoteleras ficticias y préstamos en metálico de aproximadamente 1.000 euros, con el objetivo de demostrar solvencia económica frente a las autoridades migratorias. Una vez en territorio español, las mujeres eran llevadas a domicilios seleccionados en Alfaro o Huesca. Frente a su llegada, la deuda real les era notificada y ascendía a cifras entre 5.000 y 6.000 euros, supuestamente por gastos de viaje, gestión, alojamiento y manutención. Según publicó Europa Press, las víctimas, sometidas a presión debido a su vulnerabilidad y estado de ilegalidad, debían aceptar condiciones que les resultaban imposibles de rechazar.

Europa Press detalló que el grupo inflaba precios, cobraba sumas elevadas por alojamiento o alimentación y, en ocasiones, por artículos de primera necesidad a precios excesivos, llegando a exigir hasta 60 euros por analgésicos. El pago de la deuda se realizaba de forma estricta y bajo una estrategia constante de intimidación y coacción, lo que permitía a la organización disponer de un control total sobre sus víctimas.

En el escrito presentado por el Ministerio Fiscal se afirma que la principal responsable de la red era F.D.C., para quien se solicitan seis años de prisión y una multa de 40.000 euros. Su esposo, S.A.C., enfrenta cargos de igual naturaleza, con una petición de cinco años y nueve meses de cárcel y la misma multa. La red contaba además con la participación de su sobrina T.D.C. y su hijo O.D.S., quienes se enfrentan a una solicitud de cuatro años y medio de prisión cada uno, acusados de entrada ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

Otra de las implicadas, Z.M.T., hermana de F.D.C. y residente en Huesca, se encuentra igualmente imputada por la Fiscalía por delitos de inmigración ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal, con petición de cuatro años y medio de reclusión. Su marido, F.J.G., afronta los mismos cargos y pena. L.M.T., tercera hermana, figura en la acusación solo por coacciones y se enfrenta a seis meses de prisión. Según el medio, la colaboración dentro de la estructura respondía a una distribución clara de tareas, en la que los diferentes miembros facilitaban la gestión, el transporte y la vigilancia de las víctimas.

La investigación constató que esta red familiar desarrollaba la actividad de forma recurrente desde el período 2016-2017 al menos, aunque los cuadernos incautados recogen información que se remonta a años anteriores. La documentación refleja la existencia de beneficios económicos que no estaban justificados por actividades legales y que se manejaban fuera del circuito bancario ordinario.

Europa Press informó que uno de los episodios significativos de la causa tuvo lugar el 30 de julio de 2019, cuando Z.M.T. fue arrestada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acompañada de tres mujeres a las que había trasladado directamente desde Nicaragua. En ese contexto, los registros en los domicilios permitieron corroborar la magnitud y continuidad de las operaciones ilícitas, así como el carácter sistemático de la captación, traslado y sometimiento de las víctimas a una deuda abusiva.

La Fiscalía subraya en su acusación que la organización conocía que las mujeres permanecerían en situación irregular, lo que amplificaba su posición de dominio y favorecía el cobro de las cantidades exigidas. La reacción inicial de las víctimas, según el relato, era de sumisión absoluta con la esperanza de regularizar su situación y poder cumplir las expectativas laborales que les habían asegurado previamente.

En total, la acusación se sustancia sobre la base de la colaboración de 26 víctimas directas, que aportaron evidencia suficiente para poner de manifiesto el funcionamiento continuado de esta trama. Según ha detallado Europa Press, el proceso judicial se centra ahora en determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados y las penas asociadas, que oscilan entre seis meses y seis años de prisión, además de multas económicas relevantes.

Las declaraciones recogidas reflejan que la actividad continuada de la organización habría generado ingresos ilícitos, no solo por el cobro de deudas abultadas, sino también por la opacidad fiscal y bancaria de los mismos, elemento central en la acusación de blanqueo de capitales que recae sobre algunos de los procesados. La Fiscalía sostiene que el carácter habitual de la intermediación y la imposición de condiciones degradantes permitió consolidar una estructura criminal cuyo objetivo radicaba en explotar a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El juicio, iniciado ante la Audiencia Provincial, aborda no solo los delitos relacionados con la inmigración ilegal y la explotación mediante deuda, sino también la posible existencia de un entramado familiar orientado al beneficio económico a costa de la precariedad de sus compatriotas. El desarrollo de la vista oral incluye pruebas documentales, testimonios de las víctimas y el análisis de la estructura financiera surgida alrededor de la red, tal como han reportado los documentos e informes recabados y difundidos por Europa Press.

Las autoridades persiguen la completa clarificación de las responsabilidades y el destino de los fondos generados por la organización. Se espera que el proceso siente precedente en la persecución de delitos vinculados a la trata de personas y la explotación a través de sistemas de endeudamiento abusivo en el contexto migratorio, de acuerdo a los antecedentes detallados en la causa y consignados por Europa Press.