Condenan a 22 años de prisión a uno de los acusados de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe

El comunicado del abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay incluyó un llamado a continuar las investigaciones para identificar a los máximos responsables detrás del homicidio, argumentando que la sentencia dictada todavía no aclara por completo la autoría intelectual del crimen. La justicia colombiana impuso una condena de 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, por su participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ocurrido en Bogotá en agosto de 2025. Según reportó la Fiscalía General de Colombia y consignó el medio, la sentencia considera a Pérez Marroquín como encargado de la logística y la planificación del ataque, además de haber provisto el arma utilizada por el adolescente que ejecutó el atentado.

De acuerdo con la Fiscalía, la lista de delitos atribuidos a Pérez Marroquín incluye homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Tal como detalló la Fiscalía en su comunicado oficial, la prueba recogida permitió establecer que “El Viejo” actuó como nexo directo entre los ejecutores materiales y quienes habrían dado la orden para perpetrar la ejecución del senador Uribe Turbay, representante del partido Centro Democrático.

El atentado que cobró la vida de Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo en medio de un acto público en la capital colombiana y, según el relato del proceso judicial consignado por el medio, la ejecución estuvo a cargo de un menor de 15 años reclutado por la organización delictiva. La noticia del asesinato provocó una fuerte reacción social en el país, evocando periodos previos de violencia política e incertidumbre en la historia nacional, especialmente en las décadas de 1980 y 1990, cuando los crímenes contra figuras públicas eran recurrentes.

El medio informó que, en el desarrollo de la investigación, las autoridades arrestaron a un total de nueve personas señaladas de haber tenido distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del asesinato. De este grupo, también resultaron condenados Carlos Mora González y Katherine Martínez, sentenciados a 21 años de prisión cada uno, a principios de junio, por su implicación en la organización del crimen. Los resultados hasta ahora expuestos muestran que las detenciones han estado dirigidas principalmente hacia integrantes materiales y logísticos de una red de sicarios.

Víctor Mosquera, representante legal de la familia de la víctima, expresó en su reacción pública ante el fallo que la decisión “representa un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”. Este comunicado, citado por la agencia como parte fundamental del reportaje, especificó que Pérez Marroquín asumió “un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”. Mosquera matizó estas afirmaciones argumentando que la verdad judicial resultante sigue siendo incompleta y que aún queda por esclarecer la implicación de estructuras criminales con mayores niveles de dirección y financiación detrás del caso, vinculadas a grupos armados ilegales.

El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la sentencia mediante mensajes en redes sociales, donde hizo eco del proceso judicial e instó a quienes previamente responsabilizaron al Ejecutivo por el crimen a rectificar. El medio recogió la afirmación textual del mandatario: “¿Dónde está la rectificación?”, en alusión a las acusaciones previas lanzadas hacia su gobierno y en referencia a la confesión del acusado condenado.

Las autoridades continúan las investigaciones para perfilar con exactitud los móviles del crimen y determinar si el asesinato de Uribe Turbay responde a intereses de actores con niveles superiores de coordinación mafiosa y criminalidad. Según lo consignado en la información oficial, los hechos siguen sin aclarar completamente quiénes habrían planeado y financiado el ataque, más allá de los ejecutores y facilitadores ya judicializados. Los cargos de la Fiscalía contra Pérez Marroquín se sustentan en pruebas de su influencia y capacidad de articulación dentro de la red de sicarios, aunque hasta el momento no se ha revelado plenamente la motivación que impulsó el crimen. Las autoridades indicaron que la estructura detrás del ataque podría estar compuesta por varios integrantes con responsabilidades diferenciadas, y la línea de investigación apunta a delimitar la cadena de mando, financiamiento y posibles intereses políticos o económicos involucrados.

Tal como puntualizó el medio, el asesinato del senador Uribe Turbay ha sido interpretado en la opinión pública como un episodio que revive los recuerdos de épocas marcadas por la violencia política, remitiendo a un fenómeno social donde las muertes de dirigentes estatales impactan la estabilidad democrática y la percepción ciudadana sobre la seguridad en Colombia. La sucesión de detenciones, procesos y condenas en relación con el caso refleja la complejidad del escenario criminal comparado por el medio con situaciones vividas en décadas pasadas en el país.

La información recabada hasta este momento por los organismos judiciales y reportada por el medio señala que las tareas pendientes en la investigación se centran en la identificación y judicialización de los autores intelectuales, así como en el esclarecimiento de las razones que motivaron el homicidio del senador. La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas para determinar la magnitud y extensión de la organización criminal responsable y establecer conexiones con redes de delincuencia organizada de mayor alcance. Los familiares de la víctima y sus representantes legales han reiterado la importancia de profundizar la investigación para garantizar que los autores intelectuales y todos los responsables enfrenten la justicia.