En recientes declaraciones, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que varios informes médicos ya han detallado la existencia de un “ambiente de terror” en la Comisaría Especial del Senado, marcado por episodios donde los agentes han sido objeto de humillaciones, insultos y burlas. Según reportó Europa Press, estas situaciones estarían vinculas al actual responsable de la unidad, cuyo estilo de liderazgo, afirman los sindicatos, ha generado una problemática sostenida de riesgos laborales en la sede policial de la Cámara Alta.
De acuerdo con Europa Press, la Dirección General de la Policía Nacional ha respondido a estas denuncias abriendo un expediente de evaluación interna por riesgos psicosociales para investigar la situación de los agentes en la Comisaría del Senado. Fuentes policiales consultadas por el citado medio confirmaron que el objetivo de esta evaluación es analizar en profundidad el clima laboral y determinar la existencia de posibles factores de acoso laboral, estrés y condiciones que afectan la salud de los funcionarios.
El SUP explicó, en una nota de prensa, que la situación ha alcanzado niveles insostenibles. El sindicato detalla que los “graves riesgos psicosociales” detectados tienen su origen en los “patrones conductuales y el estilo de liderazgo nocivo” ejercido por quien ostenta la jefatura de la unidad. Europa Press recogió que el sindicato reclama la adopción urgente de medidas correctoras, advirtiendo que, de persistir este contexto, se verán forzados a impulsar acciones legales.
El SUP hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en la que el tribunal reconoció la relación directa entre el clima tóxico y el acoso laboral sufrido dentro de la unidad policial con el desarrollo de un trastorno adaptativo ansioso severo por parte de un policía. Según consignó el sindicato a Europa Press, esta resolución judicial consideró el estado de salud resultante como causa para autorizar su jubilación por motivos surgidos en el ejercicio del servicio.
El sindicato también recordó el historial del actual mando denunciado, mencionando su paso por distintas unidades policiales antes de llegar a la Cámara Alta. Tal como detalló Europa Press, durante su etapa en las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid y posteriormente en la Comisaría de Leganés, los agentes desplegados en esas plantillas habrían vivido situaciones comparables: los testimonios recogidos describen una atmósfera basada en la instauración del miedo, con amenazas habituales de apertura de expedientes disciplinarios y la percepción generalizada de que su traslado era utilizado como forma de castigo.
El comunicado del SUP, reproducido por Europa Press, sostiene que estos antecedentes configuran una “cadena de incidencias” que, en opinión del sindicato, demuestra un patrón de actuación reiterado y advierte de que estas prácticas afectan tanto al bienestar psicosocial de los policías como al correcto funcionamiento de la unidad. Los portavoces sindicales insisten en que la persistencia de estos hechos repercute en la motivación y salud laboral de los agentes y que la resolución del expediente abierto será determinante para tomar nuevas medidas.
Como respuesta oficial a las demandas sindicales y la alarma generada entre los agentes, la Dirección General de la Policía mantiene que la evaluación de riesgos tiene carácter prioritario y que todas las actuaciones seguirán el protocolo reglamentario de prevención de riesgos laborales. Europa Press también informó que, mientras se desarrolla esta investigación interna, el SUP ha instado a la adopción inmediata de medidas cautelares, incluyendo apartar a los responsables cuestionados del contacto directo con los agentes afectados.
Por su parte, la comisaría aún no ha hecho pública una respuesta formal a las denuncias ni a la apertura del expediente, aunque según informó Europa Press, las autoridades policiales esperan los resultados de la evaluación interna para definir próximos pasos. El SUP concluyó que, en caso de que no se adopten las correcciones requeridas, el sindicato está dispuesto a recurrir a los tribunales para preservar las condiciones y derechos laborales del personal destinado en la Comisaría Especial del Senado.
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