El Parlamento portugués aprueba varios proyectos de ley para recortar los derechos de las personas trans

Las propuestas para limitar los tratamientos médicos vinculados a la disforia de género en adolescentes y menores de edad figuran entre las medidas que generan mayor inquietud entre organizaciones de derechos humanos, según informó la agencia de noticias Lusa. En el Parlamento portugués, los partidos Chega y CDS defendieron la prohibición de suministrar bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales a menores, sosteniendo que tales intervenciones deben aplazarse hasta alcanzar la mayoría de edad. A esto se sumaron iniciativas que buscan endurecer los requisitos para el cambio legal de nombre y género, en un contexto marcado por la controversia y el rechazo de los partidos de la izquierda. La noticia principal es que la Asamblea de Portugal ha aprobado por mayoría la revisión de la ley de identidad de género de 2018 y la introducción de restricciones médicas para menores, lo que implicará una remodelación significativa de los derechos de las personas trans, a la espera del dictamen final que emita la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De acuerdo con la información publicada por Lusa, los proyectos legislativos aprobados el viernes proponen reintroducir la obligatoriedad de presentar un informe médico como requisito para que personas trans mayores de dieciséis años puedan modificar su nombre y género en los registros oficiales. Actualmente, este proceso exigía únicamente un informe profesional que acreditase la capacidad de decisión y la voluntad informada, sin requerir diagnósticos específicos de identidad de género y bajo autorización parental. La nueva normativa plantea volver a un modelo anterior, derogado con la ley de 2018, en el que la intervención de al menos un psicólogo y un médico será imprescindible para tramitar cambios en la documentación.

El medio Lusa detalló que las propuestas presentadas proceden del partido Chega, del Partido Social Demócrata (PSD) y del democristiano CDS, formaciones ubicadas en la derecha y ultraderecha del espectro político portugués. El proyecto del PSD contempla la derogación parcial de la ley que aseguraba la libre determinación de la identidad de género, reinstaurando la necesidad del informe médico para estos procedimientos administrativos. Pese a que no se cataloga la transexualidad como enfermedad en la normativa, se refuerza la presencia del dictamen profesional en la toma de decisiones legales sobre identidad y nombre.

Por otra parte, el partido Chega promovió una propuesta que prohíbe cualquier tipo de tratamiento médico para la disforia de género en menores de dieciocho años, amparándose en la protección de la infancia y la juventud. En la misma línea, el CDS propuso el veto al uso de bloqueadores de la pubertad y otros tratamientos hormonales para menores con diagnóstico de disforia, asignando la potestad de decidir sobre estos procedimientos exclusivamente a quienes hayan alcanzado la mayoría de edad. Ambas medidas han sido justificadas por estos partidos como necesarias para evitar que menores de edad tomen decisiones médicas de carácter irreversible.

La aprobación inicial de estas reformas se produjo con el voto de los grupos parlamentarios conservadores, mientras que la mayoría de los partidos situados a la izquierda del arco político se pronunciaron en contra, reportó Lusa. Ahora, los textos pasarán a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, instancia en la que se prevé un debate exhaustivo y posibles ajustes antes de la votación definitiva.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Según recogió Lusa, Dani Bento, presidenta de ILGA Portugal, calificó esta decisión como “un retroceso muy grave” respecto a los derechos de las personas transgénero e intersexuales, y alertó que nunca antes en el periodo democrático se había producido una regresión de las conquistas alcanzadas por estos colectivos. Organizaciones LGTBIQ+ y defensores de derechos humanos también expresaron preocupación ante el riesgo de que menores y adolescentes trans vean restringidas sus opciones médicas y legales para la libre expresión de su identidad.

El Parlamento aprobó los proyectos en un marco de desacuerdo político, donde los argumentos de partidos como Chega y CDS se centraron en la protección de los menores y la supuesta necesidad de una mayor supervisión médica y psicológica en los procedimientos legales y sanitarios que afectan a jóvenes y adolescentes trans. En contraste, los grupos de izquierda insistieron en la defensa de los derechos individuales y alertaron del posible impacto negativo para las personas LGTBIQ+ en Portugal.

Así, la legislación portuguesa experimentará cambios profundos si la Comisión ratifica las propuestas avanzadas por la mayoría conservadora, abriendo un periodo de debate social y parlamentario sobre el alcance y las consecuencias de restringir el acceso a tratamientos y a la autodeterminación de identidad para menores y jóvenes trans e intersexuales.