
El desplome de más del 26% en el valor de las acciones de Supermicro en la negociación previa a la apertura de Wall Street marcó una reacción inmediata del mercado tras anunciarse la investigación contra directivos y exempleados de la compañía. Según publicó la agencia Europa Press, autoridades estadounidenses han informado sobre cargos formales en contra de tres personas, acusadas de conspirar para desviar de manera ilegal hacia China servidores avanzados para inteligencia artificial equipados con tecnología estadounidense, infringiendo la normativa sobre control de exportaciones.
De acuerdo con Europa Press, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), identificaron a los acusados como Yih-Shyan "Wally" Liaw, ciudadano estadounidense de 71 años y cofundador de Supermicro; Ting-Wei "Willy" Sun, empleado de Supermicro en Taiwán de nacionalidad taiwanesa de 44 años; y Ruei-Tsang "Steven" Chang, también ciudadano taiwanés, de 53 años, quien permanece prófugo. Las autoridades estadounidenses han confirmado el arresto de Liaw y Sun. Chang aún no ha sido localizado y permanece buscado por las autoridades.
El medio Europa Press detalló que la acusación formal sostiene que los tres individuos habrían conspirado para exportar tecnología de vanguardia restringida de Estados Unidos hacia Asia, específicamente China. El subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky, explicó que la investigación descubrió una presunta venta por parte de los acusados de servidores valorados en miles de millones de dólares, equipados con unidades de procesamiento gráfico sensibles y controladas, a compradores chinos, lo que constituiría una grave infracción de las sanciones y controles estadounidenses sobre la transferencia de este tipo de sistemas.
Europa Press indicó que las autoridades han señalado que los acusados habrían recurrido a falsificación de documentos y simulado inventarios para sortear controles de auditoría. Además, según el subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, James C. Barnacle, los implicados utilizaron una empresa intermediaria para encubrir tanto su conducta como la verdadera identidad de los destinatarios de los equipos exportados.
Europa Press consignó que, en reacción a estos hechos, la empresa Supermicro emitió un comunicado aclarando que no está imputada como corporación dentro del proceso penal. La compañía argumentó que los actos señalados en la acusación contravienen las políticas internas y los controles de cumplimiento vigentes en la empresa. Así, Supermicro ha suspendido temporalmente a los empleados involucrados y ha terminado el contrato del contratista, con efecto inmediato. En el mismo comunicado, Supermicro subrayó que “ha cooperado plenamente con la investigación del gobierno y seguirá haciéndolo”.
En relación con la gravedad de los delitos señalados, Europa Press informó que los acusados se enfrentan a tres cargos principales: conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones, cuya pena máxima asciende a 20 años de prisión; conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos, que contempla hasta cinco años de cárcel; y conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos, con una condena máxima de cinco años.
Según le citado medio, los portavoces de Supermicro han reiterado su compromiso de cumplir estrictamente las normativas estadounidenses en materia de exportación y reexportación de tecnología. Además, han puesto énfasis en que la empresa continuará “desplegando todos los recursos colaborativos requeridos por las autoridades a lo largo del proceso de investigación”.
Entre la información recogida por Europa Press, se destaca también la complejidad de los mecanismos supuestamente empleados para el desvío ilegal de servidores avanzados. Las autoridades mencionaron procesos de simulación documental y triangulación comercial que habrían hecho posible evadir los controles establecidos por la legislación estadounidense para impedir el acceso de determinadas tecnologías a mercados restringidos por razones de seguridad nacional.
Finalmente, la investigación enfocada en la transferencia de tecnología para inteligencia artificial subraya los riesgos que las autoridades estadounidenses han detectado en la exportación no autorizada de equipos con potencial uso dual, incrementando la vigilancia y el rigor en la persecución de presuntas violaciones a las regulaciones sobre exportaciones estratégicas.
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