Torres cifra en unos 1.800 los menores no acompañados trasladados a la península en siete meses

Durante el primer aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el ministro Ángel Víctor Torres destacó que actualmente entre 1.500 y 1.600 jóvenes migrantes se encuentran distribuidos en diferentes comunidades autónomas de España, inmersos en procesos de integración educativa y social y sin incidentes de convivencia. Según informó el medio original, Torres cifró en aproximadamente 1.800 los menores extranjeros no acompañados que han sido trasladados a la península entre el 1 de septiembre de 2025 y la fecha, en el marco del nuevo sistema de reubicación impulsado por el Gobierno central.

Esta declaración tuvo lugar durante una visita a Melilla, donde Torres presidió una reunión de coordinación con representantes del Gobierno de diferentes territorios que participan en esta estrategia de acogida. De acuerdo con los datos presentados por el ministro y recogidos por el medio, este volumen representa un cambio sustancial respecto a etapas anteriores: “En 2022 se trasladaban unos 300 menores al año y ni siquiera se cumplía. Ahora hablamos de entre 1.700 y 1.800 en siete meses”, indicó.

El ministro contextualizó estas cifras recordando que la modificación legal, aprobada hace un año, respondió a una exigencia histórica de territorios frontera como Canarias, Ceuta y Melilla, a la que se unieron comunidades como Andalucía y Baleares. Torres subrayó que la ley fue aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox, según consignó el medio, y destacó que con la reforma se ha conseguido aliviar la presión sobre los territorios de llegada y mejorar las condiciones de acogida de los menores extranjeros.

En palabras del propio ministro, citadas por el medio, la ley “ha permitido aliviar la presión sobre los territorios frontera y mejorar las condiciones de acogida”. También aseguró que el sistema vigente ha demostrado que los procesos de integración educativa y social para estos jóvenes migrantes se desarrollan sin generar problemas de convivencia en los entornos receptores.

Respecto a los argumentos contrarios a la reforma, Torres insistió en rechazar la idea del “efecto llamada”. Según detalló el medio, el ministro señaló que los movimientos migratorios obedecen mayoritariamente a problemas estructurales en los países de origen, como la pobreza, la violencia o la inestabilidad política, considerando que “quien piensa que alguien arriesga su vida en una patera por placer desconoce la realidad”.

Torres hizo un llamado al principal partido de la oposición, el PP, advirtiendo que una eventual derogación de la reforma equivaldría a un notable retroceso. Delineó que si la ley quedara sin efecto, miles de menores “volverían a quedarse en Canarias, Ceuta y Melilla en situaciones de hacinamiento”, recordó el medio, apuntando a realidades anteriores a la reforma legal.

El ministro defendió la gestión del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez en materia migratoria y destacó la dotación de recursos económicos, cifrada en 100 millones de euros, distribuidos para facilitar la acogida y la integración de los menores trasladados. Torres también resaltó la importancia de la coordinación interterritorial entre comunidades autónomas para el desarrollo efectivo del sistema, según publicó el medio.

Al abordarse cuestiones relacionadas con posibles problemas en la gestión de menores por parte de las comunidades receptoras, Torres aclaró que la responsabilidad de tutela, escolarización y atención recae en los territorios de destino, aunque puntualizó que el Gobierno central supervisará cualquier posible incidencia que se presente en el proceso, de acuerdo con el medio original.

La reunión en Melilla, que contó con la asistencia de delegados del Gobierno de Canarias, Ceuta y la propia Melilla, fue parte de la estrategia estatal para responder a la presión migratoria que experimentan los territorios fronterizos, según reportó el medio. El ministro manifestó la intención de su departamento de mantener y reforzar el sistema de reubicación de menores migrantes durante lo que resta de la legislatura.

Finalmente, Torres sostuvo ante los asistentes y según recogió el medio: “Es una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional”. También aseguró que “el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura”, reforzando así el compromiso del Ejecutivo central con este mecanismo y su objetivo de distribución equitativa de responsabilidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de protección a la infancia migrante.