La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 36 años en Hortaleza

El Ejecutivo regional de Madrid dispuso que la Abogacía General asuma las acciones jurisdiccionales necesarias como respuesta al fallecimiento de una mujer paraguaya de 36 años en el distrito madrileño de Hortaleza. Según informó la Comunidad de Madrid, la decisión se adoptó formalmente durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles, tras recibir la encomienda de Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, para personarse en calidad de acusación popular en el caso que investiga la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº12.

De acuerdo con el texto facilitado por el Gobierno autonómico y publicado por la prensa, el asesinato ocurrió presuntamente el 18 de febrero, cuando la víctima murió de forma violenta en una vivienda de Hortaleza a manos de su expareja. El sospechoso fue detenido por las autoridades, que actualmente lo mantienen bajo custodia. La Comunidad de Madrid intervendrá en las diligencias judiciales en curso en su rol de parte perjudicada civilmente, una figura prevista en la normativa autonómica para casos penales que impliquen muerte, lesiones graves o mutilación genital.

La administración autonómica precisó que la ley regional sobre violencia de género contempla la personación institucional en procesos judiciales y extiende la protección no solo a la mujer afectada, sino también a los hijos y personas dependientes de la familia directa. Desde 2016, la Comunidad de Madrid ejerció esta facultad en 77 procedimientos legales de características similares, reforzando su intervención legal en situaciones que deriven en delitos graves contra las mujeres.

El medio detalla, además, que Madrid cuenta en la actualidad con la red pública más amplia de España dedicada a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia. Esta infraestructura comprende 32 centros y pisos de diferentes tipologías, donde se ofrecen un total de 324 plazas residenciales. A través de estos recursos, la administración regional busca sostener un sistema integral de apoyo, orientación y protección para mujeres afectadas y sus entornos familiares.

Entre las medidas legales impulsadas, el Gobierno regional destaca la importancia del ejercicio de la acción popular como herramienta jurídica frente a la violencia mortal y para el reforzamiento de los mecanismos de protección. El objetivo declarado por la Consejería consiste en dotar de mayor respaldo institucional a las víctimas, garantizando con ello un acompañamiento tanto judicial como asistencial a lo largo de todo el proceso.

El anuncio del Ejecutivo madrileño forma parte de un conjunto de actuaciones dirigidas a profundizar la respuesta institucional frente a la violencia de género. Según publicó la Comunidad de Madrid, la Administración mantiene el compromiso de actuar en todas las instancias posibles, promoviendo tanto acciones legales como asistenciales para evitar la desprotección y asegurar recursos continuos para quienes sufren este tipo de agresiones.

El organismo informó, finalmente, que la personación como acusación popular se alinea con su política de intervención activa, sustentada sobre marcos legales regionales, que buscan ampliar las garantías de protección real y efectiva para las víctimas y sus allegados frente a episodios de extrema violencia como el ocurrido recientemente en Hortaleza.