
Durante la noche, testigos de la explosión en el hospital de rehabilitación contra las drogas de Kabul describieron escenarios de destrucción total, con cientos de personas buscando a sus familiares entre los restos del edificio. Según publicó Europa Press, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado urgente para que se investigue de forma independiente y transparente este ataque, cuyas consecuencias fatales se suman al agravamiento del conflicto entre Afganistán y Pakistán.
La ONU, a través de su portavoz Thameen al Kheetan, exigió que los responsables rindan cuentas según las normas internacionales. Al Kheetan afirmó que “la trágica explosión registrada esta noche en un centro de rehabilitación contra las drogas en Kabul, que según informaciones disponibles, dejó decenas de pacientes muertos, debe ser investigada de forma rápida, independiente y transparente”, detalló Europa Press. El portavoz añadió que los hallazgos de la investigación deben publicarse y que las víctimas y sus familias tienen derecho a una reparación.
Más de 400 personas han sido reportadas muertas, según las denuncias de las autoridades talibanes, quienes acusaron a Pakistán de perpetrar un bombardeo, señaló Europa Press. El gobierno de Pakistán, por su parte, negó cualquier implicación en el ataque contra el centro médico. Sobre la situación en el hospital, la ONU ha confirmado que los testimonios recabados exponen una escena caótica con numerosas familias tratando de ubicar a los suyos tras la explosión.
En su intervención, al Kheetan remarcó que el Derecho Internacional Humanitario prevé “protecciones específicas y reforzadas para las instalaciones médicas” e hizo énfasis en que los civiles deben estar “totalmente protegidos”, incluso en medio de los enfrentamientos armados entre ambos países. Recordó que las leyes de guerra obligan a cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en todo ataque.
El impacto de las recientes hostilidades, desatadas a finales de febrero, ha sido particularmente severo en la población civil afgana. Europa Press consignó que desde el inicio de estos enfrentamientos, al menos 289 civiles, incluidos 104 niños, han resultado muertos o heridos. El desplazamiento masivo también afecta a decenas de miles de personas, quienes han abandonado sus hogares, sobre todo en las regiones del sur y sureste del país.
El conflicto ha provocado consecuencias en ambos lados de la frontera. En Pakistán, numerosas personas han tenido que huir de sus casas y varias escuelas han cerrado sus puertas, agregó Europa Press. En este contexto, Volker Turk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, reiteró la importancia de que todas las partes implementen “medidas efectivas” para salvaguardar a la población civil y autoricen el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.
La organización Save the Children también se sumó a las voces que exigen protección para la población civil en Afganistán. Bujar Hoxha, director de Save the Children en el país, expresó que “un hospital en Kabul, un lugar al que acuden las personas en busca de ayuda, haya sido atacado, es devastador”. Hoxha destacó que “los civiles que buscan atención médica nunca deberían quedar atrapados en el fuego cruzado. Cuando la violencia llega a los centros de tratamiento y refugio, representa un grave fracaso en la protección de quienes corren mayor riesgo.”
A través de un comunicado difundido por la organización, Hoxha advirtió que la infancia es uno de los grupos más vulnerables ante la persistencia del conflicto y señaló que “todas las partes tienen la responsabilidad de proteger a la infancia en situaciones de conflicto”. Además, Save the Children, que opera en Afganistán desde 1976, renovó su demanda de un cese inmediato de las hostilidades como condición esencial para proteger a niños y niñas de la violencia y otros abusos a sus derechos.
El medio Europa Press amplió que, ante estas circunstancias, el portavoz de la ONU subrayó la necesidad de que los responsables del ataque enfrenten las consecuencias conforme al derecho internacional, y reiteró que las investigaciones deben llevarse a cabo con independencia y sus resultados estar disponibles para el público. Asimismo, la ONU reafirmó que la reparación a las víctimas y sus familias constituye un derecho y una obligación bajo los estándares internacionales.
Por último, la situación humanitaria continúa deteriorándose, sumando presión a las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. El acceso a asistencia humanitaria y el respeto a las infraestructuras médicas figuran entre las principales demandas de la comunidad internacional, según reportó Europa Press, en tanto persista la violencia en la región y se mantenga la preocupación por la protección de los derechos fundamentales en escenarios de conflicto armado.
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