Fiscalía mantiene su petición para el subinspector acusado de romper la orden de alejamiento

El agente, en sus declaraciones, ha argumentado que ciertas incidencias en el funcionamiento del dispositivo de control se vinculan con situaciones cotidianas, como sumergir la pulsera en el mar, realizar deportes de aventura o encontrarse en zonas sin cobertura. A pesar de estas alegaciones, el representante del Ministerio Público sostiene la petición de una multa de 5.400 euros y una indemnización de 3.000 euros para la víctima en concepto de daño moral. Según detalló Europa Press, el subinspector enfrenta el nuevo juicio por el presunto quebrantamiento reiterado de la orden de alejamiento que tiene impuesta respecto a su expareja, orden que fue dictada en 2023 tras una condena previa por violencia física y psíquica habitual.

Durante la vista que se desarrolló en el Juzgado de lo Penal número 4 de Granada y quedó ahora vista para sentencia, la Fiscalía mantuvo su solicitud de castigo económico y compensación por el supuesto daño emocional causado. Tal como publicó Europa Press, el subinspector negó ante el tribunal haber incumplido la medida ni haber manipulado la pulsera telemática, la cual había sido impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. La defensa del agente presentó como argumento central los informes técnicos del sistema Cometa, que, según consta en el caso, no habrían detectado manipulación intencionada del dispositivo.

La acusación particular, ejercida por la propia víctima, presentó una postura más severa y pidió la máxima pena establecida por el delito, reclamando una multa de 7.200 euros y una indemnización de 6.000 euros. La acusación particular argumentó, según recogió Europa Press, que el subinspector, dada su condición profesional y sus conocimientos técnicos, está en condiciones de comprender su conducta y los posibles efectos de una manipulación del dispositivo. La representación legal de la víctima también consideró que las incidencias detectadas en la pulsera tienen carácter premeditado y buscan generar situaciones que repitan episodios de estrés y ansiedad para la mujer. La acusación sostuvo que los pitidos activados por supuestos quebrantamientos colocan a la víctima en situaciones que propician la revivencia de malestar psicológico.

De acuerdo con la información de Europa Press, la defensa del subinspector ha solicitado la libre absolución, insistiendo en que los problemas técnicos reportados con la pulsera telemática pueden deberse a circunstancias habituales de uso y que la integridad del sistema Cometa respalda su versión. En contraposición, tanto la Fiscalía como la acusación particular han incidido en la supuesta resistencia y fiabilidad de los dispositivos de control telemático, argumentando que las causas planteadas por el acusado no se consideran suficientes para justificar las alertas.

La imposición de la orden de alejamiento fue dictaminada en 2023, tras la condena que el subinspector recibió en diciembre pasado. En ese proceso, el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada lo sentenció a dos años y ocho meses de prisión por delito de violencia física y psíquica habitual, así como por menoscabo psíquico cometido contra su antigua pareja, informó Europa Press. Esta decisión actualmente se encuentra en fase de recurso ante la Audiencia Provincial de Granada. Tanto la defensa del acusado, que busca la libre absolución, como la Fiscalía y la acusación particular, que solicitan un aumento de la pena, han impugnado la resolución, y el tribunal todavía debe fijar la fecha para revisar el recurso.

Según publicó Europa Press, la expareja del agente presentó diversas denuncias tras la imposición de la orden de alejamiento, exponiendo reiterados incidentes relativos a la supuesta manipulación de la pulsera telemática. Algunos de estos hechos son objeto del actual procedimiento judicial, mientras que otros continúan bajo investigación en otra causa paralela. La Fiscalía y la acusación particular insisten en que las alertas acústicas generadas afectaron a la víctima, al rememorarle los episodios que motivaron la condena previa.

Durante el juicio, el agente negó haber infringido la orden ni manipulado el dispositivo de vigilancia electrónica. Señaló que los incidentes señalados por la víctima podrían haber ocurrido durante actividades como darse un baño en la playa, practicar barranquismo o por inconvenientes con la cobertura, detalló Europa Press. Este argumento se apoya en los informes técnicos que, según la defensa, descartan la interferencia manual.

No obstante, los representantes del Ministerio Público y la acusación privada mantuvieron la postura de que los dispositivos electrónicos cuentan con mecanismos de resistencia que reducen la probabilidad de fallos accidentales en tales circunstancias. Además, sostuvieron que las actuaciones descritas contribuyeron a la generación de ansiedad y estrés en la denunciante, agravando el daño moral que ya había motivado la sanción judicial anterior.

El procedimiento se encuentra a la espera de sentencia tras concluir la vista en el Juzgado de lo Penal número 4 de Granada. Como ha consignado Europa Press, la determinación final sobre la responsabilidad del subinspector y la posible imposición de sanciones económicas e indemnizatorias queda en manos del tribunal, que deberá evaluar la credibilidad de los argumentos presentados por ambas partes en relación a la naturaleza de los incidentes y el presunto quebrantamiento reiterado de la orden de alejamiento.