Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a revisar y actualizar el Sistema VioGén y alternativas habitacionales para víctimas de violencia machista, entre otras medidas, para su debate en el Pleno.
Según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos justifica la proposición a la "emergencia feminista" ante los últimos crímenes machistas. En lo que va de 2026 han sido asesinadas por violencia de género un total de 11 mujeres y dos menores.
En este sentido, la formación morada pide revisar y actualizar el sistema de valoración de riesgo de VioGén, con el objetivo de contar con información actualizada y la valoración del riesgo recabada por profesionales que están en contacto con las víctimas y "para evitar minimizar el riesgo estimado, especialmente en los momentos críticos como la separación".
Asimismo, llama a reafirmar que la erradicación de la violencia machista "no puede depender exclusivamente de la denuncia individual de las mujeres, sino de la capacidad del Estado de anticiparse, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencias".
En esta línea, apuesta por convocar el comité de crisis, donde se analizan los últimos asesinatos machistas, "cada vez que sea necesario" y por presentar "de manera clara" la evaluación "sobre los fallos en el sistema que no han protegido a las mujeres".
También aboga por alcanzar con las administraciones que sean necesarias los acuerdos precisos para garantizar los derechos de todas las mujeres, así como por publicar las conclusiones y asegurar el seguimiento efectivo de las medidas acordadas.
Por otro lado, Podemos recomienda reforzar las medidas de detección precoz. Para ello, explica, el Gobierno y las administraciones competentes enviarán circulares tanto a los colegios profesionales de medicina, psicología, enseñanza, trabajo social y abogacía de médicos, "para ofrecer información y recordar su deber legal de dirección temprana, así como de activación de los protocolos de protección de mujeres e infancia ante los primeros indicios".
FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Además, solicita garantizar formación obligatoria y acreditada en detección de violencias machistas para profesionales del ámbito sanitario, educativo y social, así como para miembros de la judicatura que intervienen en procedimientos de violencias machistas.
Igualmente, solicita la dotación de medios humanos y materiales "suficientes" para evaluar la eficacia de la protección judicial en las secciones de Violencia sobre la Mujer e instancias superiores del Poder Judicial, así como velar por el cumplimento, por parte del Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de la obligación de especialización de los órganos judiciales.
Del mismo modo, aboga por reforzar los puntos violetas, garantizar que son accesibles para todas las mujeres y que las personas que se ocupan de los mismos han recibido la formación necesaria para atender a las mujeres, con especial atención a la interseccionalidad necesaria para atender a mujeres migrantes.
Los 'morados' también reclaman "canales seguros", como la figura de la mediadora intercultural y la trabajadora social, "para que las mujeres puedan llegar a los recursos de violencia de género".
SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE VISITAS
En cuanto a hijos de víctimas de violencia machista, la formación incide en la necesidad de garantizar la suspensión automática del régimen de visitas en los casos en que exista "valoración de riesgo alto o indicios fundados" de violencia vicaria, "priorizando siempre el interés superior del menor, tal y como mandata la Ley de protección a la infancia".
Respecto a los medios de comunicación públicos, pide garantizar que estos informen sobre violencias machistas "en consonancia con la legalidad vigente, velando por la igualdad entre hombres y mujeres y evitando caer en conductas que puedan revictimizar a las mujeres que denuncian violencias machistas".
Finalmente, reclama la puesta en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, de un plan de choque de alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia de género.
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