La defensa de la familia Morchón, cuatro de cuyos miembros se sientan en el banquillo, junto a otras diecinueve personas, la mayoría trabajadores del grupo funerario El Salvador, por el denominado 'caso ataúdes', ha solicitado a la Audiencia de Valladolid que deduzca testimonio contra un perjudicado por mentir cuando aseguró la pasada semana haber recogido la urna con las cenizas de su padre tras su incineración, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El testimonio de Javier del C.M. se produjo el pasado miércoles, junto con otros perjudicados más, en una sesión en la que el declarante mostró su "indignación" e "impotencia" al relatar cómo tras el fallecimiento de su padre, Mariano del G.C, el 27 de marzo de 1997, fue la compañía Ocaso la que le derivó al tanatorio El Salvador, en el camino del Cementerio, y tan sólo eligió el modelo de ataúd ya que el resto venía concertado por el seguro que su progenitor llevaba pagando "toda la vida".
El funeral se celebró en la parroquia de San Pedro Apóstol de Valladolid y acto seguido el ataúd fue conducido hasta el cementerio de Santovenia, donde fue incinerado en un proceso al que no pudo asistir la familia debido a que los empleados, dos o tres "echaron las cortinas y fue imposible".
Fue a posteriori cuando su hermana acudió a los juzgados y, por casualidad, se enteró de que el padre de ambos figuraba incluido en un listado con los nombre de los fallecidos cuyos féretros habían sido sustituidos por otros de más baja calidad.
El punto de su declaración que ha llevado ahora al defensor de los Morchón a pedir al tribunal que deduzca testimonio contra él por posible declaración falsa obedece a su respuesta a la pregunta de si tras la cremación recogió la urna fúnebre con las cenizas de su padre.
Aunque el perjudicado aseguró haberla retirado y arrojado las cenizas en el monte, el letrado de los Morchón sostiene que las cenizas nunca se llegaron a retirar y siguen bajo custodia en el tanatorio, pese a los continuos requerimientos realizados a la familia del fallecido desde hace 30 años para que proceda a su recogida.
El juicio entrará la próxima semana en una nueva jornada con la toma de declaración a nuevos testigos. El Ministerio Público dirige su acusación contra un total de 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes solicita las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.
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