Durante su intervención luego de una visita a una exposición cultural, Ernest Urtasun expresó su inquietud respecto a reportes que señalan el bombardeo de una escuela que albergaba a más de 150 niñas en Teherán. Urtasun citó que las primeras informaciones relacionan este ataque con un bombardeo efectuado por Estados Unidos e Israel, hecho que, si se confirma, podría configurar un crimen de guerra de extrema gravedad. Además, destacó la necesidad de que dicha acción sea investigada por la Corte Penal Internacional, según publicó el medio.
De acuerdo con la información difundida por la propia fuente, Ernest Urtasun, quien se desempeña como ministro de Cultura y portavoz de Sumar, afirmó que España no colaborará bajo ninguna circunstancia con lo que describió como una "guerra ilegal" contra Irán, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Urtasun declaró que España únicamente respalda acciones amparadas por la legalidad internacional y enfatizó la posición de su gobierno de mantenerse al lado de la diplomacia, la negociación y el respeto al sistema de la Organización de las Naciones Unidas.
En relación con las recientes expresiones del presidente Trump, el medio detalló que el mandatario estadounidense volvió a acusar al Gobierno español de no cooperar en materia de defensa y amenazó con interrumpir el comercio bilateral entre ambos países. Urtasun respondió directamente a este señalamiento y sostuvo, según consignó la fuente, que "efectivamente nosotros no estamos colaborando con una guerra ilegal no amparada por el derecho internacional porque España está donde tiene que estar, que es al lado de la diplomacia y la negociación como forma de solucionar las controversias y al lado del derecho internacional y al lado del sistema de las Naciones Unidas".
El portavoz de Sumar reiteró que el Ejecutivo español no tomará parte en lo que caracterizó como una guerra de agresión y articuló su argumento sobre la base de la legalidad internacional y el compromiso de España con la resolución pacífica de los conflictos, según reportó la fuente de información. Añadió que la postura oficial sostiene el principio de que cualquier controversia internacional debe dirimirse por vías diplomáticas y legales, y no a través del uso de la fuerza militar.
En su declaración pública, Urtasun volvió a recalcar la posición del Gobierno frente a las amenazas estadounidenses sobre transacciones comerciales, enfatizando que la prioridad de España son los mecanismos multilaterales y el diálogo para dirimir controversias. A propósito de los hechos reportados en Teherán, señaló que unos de los puntos de mayor preocupación para las autoridades españolas atañe a los indicios sobre la posible implicación militar estadounidense e israelí en el ataque a la institución educativa. Sostuvo que, de confirmarse esta información, se trataría de un caso que amerita la acción de instancias judiciales internacionales como la Corte Penal Internacional.
El medio también recogió las palabras de Urtasun al subrayar el papel del derecho internacional y la función del sistema de Naciones Unidas como marco fundamental para la resolución de conflictos. Insistió en que la postura española se fundamenta precisamente en el rechazo a cualquier iniciativa que no cuente con respaldo legal internacional y en la preferencia por métodos diplomáticos de solución.
La controversia entre ambos gobiernos se acentuó después de que Trump reiteró críticas dirigidas a la cooperación española en cuestiones defensivas y reactivó la posibilidad de suspender relaciones comerciales bilaterales. La respuesta oficial, reiterada por Urtasun, deja claro que el Gobierno español considera prioritaria la observancia del derecho internacional frente a presiones externas relacionadas con conflictos armados, según informó el medio.
En lo relacionado con las potenciales consecuencias de un bombardeo a objetivos civiles y la participación de fuerzas militares extranjeras, Urtasun insistió, en sus declaraciones recogidas por la fuente, en que cualquier acción de esta naturaleza debe investigarse sin demora y con el rigor que corresponde a la gravedad de un posible crimen de guerra.
Así, la postura oficial española repudia la participación en actividades armadas no autorizadas por instancias multilaterales y reafirma su alianza con los principios del sistema internacional y la protección de la población civil en escenarios bélicos, según quedó reflejado en la cobertura del medio.
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