La última ocasión en la que las autoridades estadounidenses concedieron una exención a la Ley Jones se registró en octubre de 2022, facilitando, según Bloomberg, que un buque entregara suministros de combustible en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona. Ante la volatilidad actual en los precios del petróleo provocada por la guerra en Irán y las alteraciones en el suministro energético global, fuentes relacionadas con la Casa Blanca informaron a Bloomberg que Washington se encuentra evaluando la autorización temporal para que embarcaciones extranjeras transporten hidrocarburos a la costa este de Estados Unidos, una decisión que no tiene precedentes desde aquel evento en 2022.
Bloomberg detalló que el Gobierno encabezado por Donald Trump estudia la posibilidad de emitir exenciones de 30 días a la conocida Ley de la Marina Mercante de 1920 —Ley Jones—, la cual estipula que únicamente las embarcaciones de construcción estadounidense, propiedad de ciudadanos estadounidenses y tripuladas por estos pueden realizar traslados de mercancías entre puertos de Estados Unidos. Esta revisión buscaría permitir a petroleros extranjeros realizar el transporte de combustibles, particularmente entre la Costa del Golfo y las refinerías situadas en la costa este, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina.
Diversos funcionarios han confirmado a Bloomberg que el repunte internacional en los costos energéticos ha impulsado a la administración de Trump a considerar la flexibilización de la Ley Jones como parte de una serie de respuestas para amortiguar el impacto en los consumidores y la economía interna. La medida representaría un cambio momentáneo en una política de más de un siglo de antigüedad, con la intención de asegurar el suministro de hidrocarburos ante el contexto actual de incertidumbre en los mercados relacionados con Oriente Medio.
Según publicó Bloomberg, la Casa Blanca ya ha recurrido en años recientes a mecanismos de exención de la Ley Jones ante emergencias energéticas. En 2021, la Administración Biden aplicó una flexibilización temporal para la refinería Valero Energy Corp., luego de que un ciberataque afectara el funcionamiento de un oleoducto crucial para el abastecimiento de la costa este. Estos antecedentes muestran cómo las interrupciones en la cadena de suministro o crisis internacionales han llevado al Gobierno federal a actuar para evitar el desabastecimiento o el encarecimiento excesivo de los combustibles.
El medio Bloomberg reportó que la posible concesión de exenciones no sería la única medida que valora la administración Trump para contener el incremento en los precios de la gasolina y el crudo. Paralelamente, Washington anunció este miércoles la liberación de 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, como parte de un esfuerzo coordinado, junto con otros países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para sumar hasta 400 millones de barriles al mercado global. Esta decisión responde al compromiso de evitar una escalada mayor en los costos del petróleo, buscando estabilizar los precios en el mercado internacional y amortiguar el impacto en los consumidores estadounidenses.
De acuerdo con Bloomberg, las fuentes consultadas indican que las exenciones, de concretarse, permitirían una mayor diversidad de barcos disponibles para transportar el petróleo desde la Costa del Golfo y otros puntos de origen dentro de Estados Unidos hacia la región atlántica, donde la infraestructura de transporte y refinado se encuentra bajo presión ante las interrupciones globales. Los expertos consultados por el medio señalan que esta medida podría ofrecer alivio en el corto plazo, aunque implica desafíos para los astilleros y la industria naviera estadounidense, habituados a un marco restrictivo bajo la Ley Jones.
La Ley Jones, vigente desde 1920, busca fortalecer la marina mercante de Estados Unidos y proteger empleos nacionales en el sector, pero sus críticos sostienen que eleva los costos y reduce la flexibilidad logística en situaciones de emergencia. Según información consignada por Bloomberg, las exenciones han sido poco frecuentes y sólo se han concedido ante circunstancias excepcionales, lo que destaca la gravedad del contexto actual que enfrenta el Gobierno estadounidense en materia de suministro energético.
Las fuentes allegadas a la Casa Blanca citadas por Bloomberg aclararon que la evaluación de la medida continúa en curso y que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el levantamiento temporal de la Ley Jones. La administración evalúa tanto las consecuencias económicas como logísticas y la respuesta potencial de los actores del sector energético y los astilleros nacionales.
El anuncio de la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica complementa otras acciones de Washington para responder a la crisis generada por la situación en Oriente Medio. Según lo publicado por Bloomberg, la suma de esta liberación a la de otros países, propuesta en el marco de la Agencia Internacional de la Energía, busca incrementar la oferta a nivel global ante posibles reducciones de exportaciones desde países en conflicto.
Desde la última flexibilización de la Ley Jones, en el contexto del huracán Fiona, no se habían otorgado autorizaciones de este tipo, lo que subraya el carácter excepcional de la medida que se evalúa. Según Bloomberg, la administración Trump considera variables como la seguridad energética, la protección del consumidor y la presión económica para determinar el alcance y condiciones de las posibles exenciones.
La situación en la costa este de Estados Unidos, donde varias refinerías dependen del transporte marítimo desde otras regiones del país, se ha visto impactada por la volatilidad internacional en los suministros y los precios de los hidrocarburos. Según la información reunida por Bloomberg, las autoridades esperan que la intervención permita moderar los precios internos y evite crisis de abastecimiento mientras persistan las tensiones relacionadas con la guerra en Irán y las fluctuaciones en la producción global.
De confirmarse la adopción de exenciones a la Ley Jones y la aplicación de las demás medidas enumeradas por Bloomberg, se implementaría un enfoque conjunto que combina acciones nacionales específicas con la coordinación internacional, buscando responder a los desafíos energéticos de una coyuntura marcada por la inestabilidad.
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