EEUU lanza investigaciones comerciales contra la UE, China y otras economías

Las investigaciones para determinar el impacto de las políticas industriales extranjeras sobre los productores y trabajadores estadounidenses se traducen en audiencias programadas y plazos estrictos de participación pública. Quienes deseen aportar comentarios o asistir a las audiencias deberán presentar sus escritos y solicitudes antes del 15 de abril de 2026, según consignó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el contexto de una revisión sobre prácticas comerciales internacionales que involucra a más de una docena de mercados relevantes. La noticia principal, según informó la agencia, radica en la apertura de investigaciones comerciales por parte del gobierno de Estados Unidos dirigidas a la Unión Europea, China y otras economías de Asia y América.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, la administración estadounidense ha recurrido a la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 para analizar las políticas, acciones y prácticas de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India. La medida ocurre después de que el Tribunal Supremo declarara que los "aranceles recíprocos" impuestos en abril de 2025 eran ilegales. Con estas investigaciones, el gobierno busca definir si las políticas industriales en estos países producen efectos adversos sobre la manufactura local y el empleo en Estados Unidos.

El medio informó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezada por Jamieson Greer, detalla que la revisión oficial se enfoca en el exceso de capacidad y la sobreproducción estructural en sectores manufactureros clave de los países bajo la investigación. El objetivo es determinar si las prácticas de estas economías violan principios de equidad comercial, resultan discriminatorias o limitan el desarrollo del sector manufacturero estadounidense. Greer señaló que "Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estar exportándonos sus problemas de exceso de capacidad y producción", subrayando el compromiso de la administración con la relocalización de cadenas de suministro esenciales y la generación de empleo fabril en el país.

Según puntualizó el medio, Greer describió que en varios sectores industriales los socios comerciales de Estados Unidos fabrican más productos de los que consumen internamente, lo que conduce a un desplazamiento de la producción nacional y frena la inversión, así como nuevos proyectos en la manufactura local. El funcionario añadió que estas condiciones han hecho que el país pierda una parte importante de su capacidad de producción o quede rezagado respecto a sus competidores internacionales.

Tal como reportó la fuente, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 establece mecanismos para investigar y responder a prácticas de comercio exterior consideradas desleales, irrazonables o discriminatorias que representen una barrera para los productores o exportadores estadounidenses. El proceso requiere que la USTR solicite formalmente consultas con los gobiernos involucrados antes de tomar nuevas medidas. En cumplimiento de ello, ya se han solicitado encuentros con las autoridades de los quince países y bloques económicos investigados.

En cuanto a la participación pública, la Oficina del Representante Comercial ha notificado que el período para enviar comentarios escritos sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026, con la obligación de remitir tanto las peticiones para comparecer en audiencia como los resúmenes de los testimonios antes del 15 de abril de 2026. Las audiencias públicas sobre el caso comenzarán el 5 de mayo de 2026, precisó la agencia según lo publicado por el medio.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó la semana pasada, según detalló la misma fuente, que se evaluarán alternativas arancelarias durante los 150 días siguientes a la aplicación del nuevo arancel temporal, como las previstas en las secciones 301 y 232 de la Ley de Comercio de 1974. Se prevé que al finalizar este periodo los gravámenes regresen a sus niveles anteriores.

La génesis de esta nueva ronda de medidas comerciales se remonta a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, que en febrero anuló gran parte de los aranceles impuestos durante la administración Trump. El alto tribunal determinó que la Casa Blanca se excedió en sus atribuciones al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer ciertas tarifas. Como respuesta inmediata, Washington implementó un nuevo arancel global del 10% sobre una amplia gama de importaciones desde el 24 de febrero bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente adoptar medidas frente a problemas específicos de pagos internacionales mediante la imposición de gravámenes temporales y restricciones especiales de importación. Esta tasa tiene un carácter provisional de 150 días.

La USTR remarcó, citando a Greer, que los esfuerzos para impulsar la reindustrialización estadounidense enfrentan obstáculos relacionados con el exceso estructural de capacidad y producción de países extranjeros en sectores clave para la economía nacional. Las autoridades insisten en que el estudio detallado de las prácticas industriales de cada país investigado permitirá definir la aplicación de futuras restricciones comerciales, gravámenes o acciones orientadas a defender a los trabajadores y a la base industrial de Estados Unidos.

El procedimiento de investigación admitido por la Sección 301 también exige que Estados Unidos realice consultas formales con cada uno de los gobiernos concernidos, proceso que ya está en marcha para los quince mercados incluidos. El resultado de estas consultas y de la revisión pública determinará los pasos siguientes, que podrían derivar en nuevos aranceles, cambios regulatorios o acciones multilaterales dentro del marco de la política comercial del país.

El medio analizó que la medida adoptada por la administración estadounidense responde a la necesidad de buscar mecanismos alternativos para proteger al sector manufacturero después del fallo judicial que invalidó las tarifas recíprocas que habían estado vigentes desde abril de 2025. Se prevé que el proceso de consultas y audiencias sirva de fundamento para nuevas decisiones políticas orientadas a fortalecer la producción nacional y salvaguardar el empleo dentro del país.