
Ante la intensificación del conflicto armado que afecta a Sudán del Sur y que ha derivado en órdenes de evacuación para civiles emitidas por el propio Ejército, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) anunció que mantendrá la presencia de sus fuerzas de paz en el condado de Akobo. Según consignó el medio Eye Radio, el portavoz gubernamental Ateny Wek Ateny aseguró que dicha orden no representa una amenaza para la misión de la ONU y que surge tras conversaciones entre el Gobierno y la UNMISS, siendo dirigida principalmente hacia civiles en áreas controladas por la oposición, a quienes se les instó a moverse a zonas bajo control estatal por motivos de seguridad.
De acuerdo con la información difundida por Eye Radio y retomada por la agencia Europa Press, el Ejército de Sudán del Sur emitió el 6 de marzo una orden para que tanto los cascos azules de la ONU como las organizaciones humanitarias presentes en Akobo evacuaran la zona en un plazo de 72 horas, frente a la inminencia de operaciones militares contra fuerzas rebeldes en la región. Pese a este requerimiento, la misión de la ONU declaró mediante un comunicado oficial que continuará su despliegue para brindar protección a la población civil y enfatizó la necesidad de que tanto las instalaciones como el personal y los recursos de la organización reciban garantías completas de seguridad.
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La responsable interina de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, subrayó que eventuales operaciones militares en Akobo y sus zonas aledañas implican un serio riesgo para la seguridad de los residentes. Al respecto, declaró: “Por ello, dependemos de las garantías dadas por todas las partes de que adoptarán todas las medidas posibles para proteger a las comunidades”. El comunicado también hizo referencia a la continuidad de contactos “intensos” con actores nacionales, estatales y locales, con el objetivo de salvaguardar a la población ante el desarrollo de los acontecimientos.
El Ejército sursudanés ya había realizado en enero órdenes similares de evacuación en el estado de Jonglei, en el contexto de un recrudecimiento del enfrentamiento con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), grupo encabezado por Riek Machar. Según la información publicada por Eye Radio y Europa Press, en los últimos meses se registraron múltiples acciones militares en la región, lo que se tradujo en nuevos movimientos de personas desplazadas y un empeoramiento de la crisis humanitaria.
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El actual ciclo de violencia se agravó en febrero de 2025, cuando la milicia White Army emprendió una ofensiva contra el Ejército nacional en la ciudad de Nasir, ubicada en el estado de Alto Nilo, próximo a la frontera con Etiopía. Este ataque resultó en la toma temporal de la localidad por parte de los rebeldes. La reacción de las autoridades gubernamentales incluyó la imposición de arresto domiciliario sobre Riek Machar, líder del SPLM-IO y hasta entonces vicepresidente primero, al acusársele de conspirar contra la seguridad del Estado. Esta medida fue denunciada por la formación de Machar como una vulneración al acuerdo de paz firmado en 2018, lo que añadió más tensión entre las partes y provocó el aumento de enfrentamientos en otros focos del país.
La crisis política actual se inserta en un contexto en el que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una enmienda constitucional que extiende por dos años el período de transición iniciado tras la independencia. Según recogió Europa Press, esta prolongación ha sido criticada por la comunidad internacional, que demanda de Yuba avances tangibles en la implementación total del acuerdo de paz de 2018, incluyendo la realización de elecciones, cuyo desarrollo permanece estancado a pesar de los compromisos pautados.
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Datos aportados por los organismos internacionales citados por Europa Press muestran que el conflicto armado ha provocado una crisis humanitaria agravada, con un número elevado de desplazados y necesidades insatisfechas de protección y asistencia básica en diversas regiones del país. Las recientes órdenes de evacuación, junto con el anuncio de futuras operaciones militares, incrementan la incertidumbre sobre la seguridad de la población civil, mientras la UNMISS insiste en la necesidad de que todas las partes involucradas respeten las garantías de protección y se apeguen a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos.
Por otro lado, según lo reportado por el Gobierno y la ONU, la coordinación entre los distintos niveles estatales y las agencias humanitarias busca evitar nuevos episodios de violencia dirigida hacia civiles y facilitar el acceso a zonas en conflicto. La UNMISS ha sostenido que mantendrá su presencia y su labor de protección a la población, pese a la complejidad de la situación y la tensión derivada de las órdenes militares emitidas en los últimos meses.
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El conflicto en Sudán del Sur, particularmente en los estados de Jonglei y Alto Nilo, continúa generando preocupación entre organizaciones internacionales, como indican los reportes de Eye Radio y Europa Press, en tanto existen alertas sobre la posibilidad de una escalada de los enfrentamientos armados y un empeoramiento de las condiciones de vida para las comunidades desplazadas o bajo riesgo. El papel de la fuerza de paz de Naciones Unidas mantiene centralidad en este escenario, pues la misión sostiene su compromiso de ofrecer una protección efectiva en medio de los desafíos que plantea el entorno político y militar en el país africano.