Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para Rafa Mir por agredir sexualmente a una joven en Bétera

La petición de que Rafa Mir no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante diez años y que quede inhabilitado de cualquier profesión que implique contacto con menores por un periodo superior a ocho años, además de quedar bajo vigilancia durante siete años una vez cumplida su condena de prisión, destaca entre las medidas cautelares propuestas. Según informó Las Provincias, estas restricciones van acompañadas de la solicitud de una pena de 10 años y medio de cárcel para el delantero del Elche Club de Fútbol tras la acusación formal de agresión sexual a una joven de 21 años, hechos que, según la Fiscalía de Valencia, tuvieron lugar durante la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en la localidad valenciana de Bétera.

La Fiscalía atribuye a Rafa Mir un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia, junto con otro delito contra la integridad física, de acuerdo con la calificación adelantada por Las Provincias. La acusación se fundamenta en la denuncia presentada por la víctima, a quien Mir conoció la noche del 31 de agosto de ese año en una discoteca de Valencia y con quien, posteriormente, acudió a su domicilio situado en una urbanización de Bétera. Los hechos investigados ocurrieron en la piscina y en un cuarto de baño de la propiedad, como confirmó el medio citado y según consta en el proceso penal abierto.

Junto a Mir figura como acusado Pablo, compañero del futbolista, para el que el ministerio público solicita una pena de tres años de prisión. En el caso de Pablo, la acusación señala que realizó tocamientos en al menos tres ocasiones a una segunda joven, de 25 años, mientras ambos se encontraban en la piscina y a pesar de la negativa expresa de la mujer, algo que según la Fiscalía podría constituir también un delito de agresión sexual. Además de la pena de cárcel, para Pablo se pide el pago de una multa y otras restricciones relacionadas con los hechos.

De acuerdo con lo publicado por Las Provincias, tanto Rafa Mir como Pablo fueron procesados en octubre de 2025 en el Tribunal de Instancia de Llíria, específicamente en la plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción. El procesamiento se apoyó en indicios recogidos en la investigación inicial y en la denuncia presentada poco después de los supuestos hechos, que permitieron la detención de Mir a inicios de septiembre de 2024. Pablo fue arrestado al día siguiente tras las primeras diligencias policiales y judiciales.

La defensa de Rafa Mir, tras la puesta en libertad del futbolista y en respuesta a la imputación, difundió un comunicado en el que se insistía en la necesidad de garantizar la presunción de inocencia, derecho recogido por la Constitución Española y por la Directiva europea 2016/343. En esa declaración, la representación legal expresó que “el proceso penal va a servir para esclarecer los hechos” y sostuvo que “se evidenciará que la imputación no se sostiene”, según recogió Las Provincias. Desde entonces, el jugador ha mantenido la negativa de haber cometido cualquier agresión sexual.

El caso involucra a dos presuntas víctimas, ambas jóvenes, quienes sostienen que los hechos se produjeron en un ambiente privado tras haber conocido a los acusados en espacios de ocio nocturno de Valencia. Las declaraciones de las denunciantes, aportadas en la investigación y citadas regularmente por Las Provincias, forman parte de la acusación formal extendida por la Fiscalía.

Como parte de las medidas solicitadas a Mir, además del tiempo de reclusión, se encuentra la imposición de la libertad vigilada al salir de prisión y la imposibilidad de ejercer profesiones o desempeñar tareas que impliquen trato habitual con menores de edad durante más de ocho años después de su posible condena. Estas penas adicionales buscan limitar cualquier posible reincidencia y establecer salvaguardas adicionales para proteger a terceras personas ante eventuales riesgos, según detalla la propia calificación fiscal reproducida por el medio original.

Respecto a la instrucción y a las próximas fases del proceso, el Tribunal de Instancia de Llíria mantiene la acusación contra los dos implicados y ha recogido los testimonios de las partes, así como de testigos presentes en la discoteca y la urbanización citada, aunque los detalles precisos sobre las pruebas aún no se han hecho públicos. Desde el arresto de ambos, el desarrollo del caso ha incluido el análisis de evidencias físicas y declaraciones tanto de las denunciantes como de los acusados, según dio cuenta Las Provincias en el relato de la causa.

La solicitud de condena para Pablo, como coacusado, incluye tanto la pena privativa de libertad como una sanción económica que estaría dirigida a cubrir los daños derivados de la infracción tipificada por el ministerio público, conforme a lo recogido en la acusación formal. En ambos casos, las penas propuestas buscan sancionar los hechos presuntamente cometidos la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en Bétera, en el domicilio de Rafa Mir, en un contexto donde se habrían producido actos de violencia o coacción, según la síntesis del sumario difundida por Las Provincias.

Las respuestas públicas a la acusación han sido limitadas, con la excepción del comunicado emitido por la defensa de Mir, donde se recalca el principio de presunción de inocencia mientras se tramita el caso ante la Justicia. El proceso seguirá ahora con la fase de juicio oral, una vez concluidas las diligencias previas y valorada toda la prueba propuesta tanto por las partes acusadoras como por las defensas, según ha venido informando Las Provincias.