EEUU estudia exigir licencias de exportación para todas las ventas de microchips integrados con IA

Las empresas tecnológicas que planeen edificar centros de datos de gran envergadura podrían quedar sujetas a una preautorización gubernamental, incluyendo la obligación de revelar detalles sobre su modelo de negocio e, incluso, aceptar inspecciones de sus instalaciones. Así lo comunicó Bloomberg, que ha tenido acceso a información de fuentes familiarizadas con el borrador de una nueva normativa que el Departamento de Comercio de Estados Unidos está considerando para regular las exportaciones de microchips avanzados con inteligencia artificial.

Según informó Bloomberg, la administración estadounidense analiza la posibilidad de requerir a compañías como Nvidia y AMD la obtención de permisos oficiales para cada operación de exportación de semiconductores que integren capacidades de inteligencia artificial. El propósito de este posible reglamento sería establecer un control reforzado sobre qué países pueden adquirir esta tecnología y bajo qué circunstancias, centrándose en criterios como el destino, el volumen de venta y el nivel de avance técnico de los componentes.

El medio Bloomberg detalló que el borrador legislativo aún se encuentra en fase de deliberación, con posibilidades de modificaciones e inclusive de ser descartado completamente. Si el proyecto se aprueba, supondría una ampliación de las restricciones ya vigentes y que hoy afectan a unos 40 países, buscando reforzar la estrategia de Washington para supervisar de cerca la expansión internacional de la infraestructura tecnológica con potencia de computación significativa.

De acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg, las ventas de grandes lotes de semiconductores con capacidades avanzadas serían sometidas a un escrutinio más intenso. Solo aquellas transacciones que involucren a naciones aliadas que puedan ofrecer garantías suficientes de seguridad y además estén dispuestas a invertir en el desarrollo del sector de inteligencia artificial estadounidense recibirían aprobación. El objetivo de esta política sería blindar los intereses estratégicos de Estados Unidos, bloqueando la transferencia de tecnologías críticas hacia actores considerados de mayor riesgo para la seguridad o la competencia internacional.

El nuevo régimen, de avanzar, aplicaría una diferenciación adicional: el nivel de revisión gubernamental variaría según el tamaño del pedido y la sofisticación técnica de los microchips. Las grandes compras de chips, aquellas que puedan emplearse para montar clústeres masivos de procesamiento de datos con inteligencia artificial, no obtendrían la licencia de exportación de forma automática, sino que requerirían una evaluación minuciosa y, en algunos casos, el compromiso concreto de inversión en suelo estadounidense.

Además, Bloomberg reportó que la regulación incluiría un mecanismo de preautorización obligatoria para empresas que planeen desarrollar clústeres tecnológicos de cierto tamaño, lo que condicionaría su acceso a los chips al visto bueno previo de las autoridades estadounidenses. Como parte de esta preautorización, podrían exigirse compromisos como la transparencia en la operativa interna y la aceptación de auditorías gubernamentales en los centros de datos destinatarios.

La propuesta surge en un contexto de crecientes tensiones en torno al suministro global de semiconductores y las aplicaciones estratégicas de la inteligencia artificial. Según consignó Bloomberg, las autoridades estadounidenses buscan afianzar su capacidad de influir tanto en las cadenas de suministro como en el uso internacional de tecnologías sensibles, ante temores sobre la posible transferencia de capacidades avanzadas a países o entidades que puedan utilizarlas en actividades consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.

Hasta la fecha, las disposiciones ya existentes han limitado la exportación de ciertos microchips de alto rendimiento a varios mercados, pero la iniciativa en evaluación extendería significativamente la supervisión. Según publicó Bloomberg, las fuentes cercanas al proceso anticipan que uno de los ejes clave será establecer una diferenciación precisa basada en la naturaleza de cada transacción y en los compromisos de seguridad ofrecidos por el país o la empresa receptora. Las empresas del sector, por tanto, deberían ajustarse a un entorno regulatorio más riguroso y, en caso de avanzar la regulación, adaptar sus procedimientos comerciales a los nuevos requisitos de transparencia y control.

La Casa Blanca aún no ha definido un calendario definitivo para la decisión final sobre esta medida, según las mismas fuentes. El resultado del proceso dependerá en parte del consenso político y técnico que logre el Departamento de Comercio, sumado a la voluntad de alinear la política comercial exterior con los intereses de protección tecnológica estratégica.