Petro subraya que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana" y pide a Noboa reforzar la seguridad

El mandatario colombiano Gustavo Petro adelantó la instalación de un radar de última generación en la ciudad de Ipiales, situada en la frontera con Ecuador, con el objetivo de mejorar la detección de naves irregulares vinculadas al tráfico ilícito. Esta acción busca enfrentar los crecientes desafíos relacionados con el trasiego de sustancias ilegales, al tiempo que el presidente colombiano demandó a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, un fortalecimiento en los controles portuarios y aeroportuarios de su país, señalando que la exportación de cocaína está tomando un carácter cada vez más ecuatoriano. Según publicó el medio que aporta la información, estas declaraciones se produjeron en un contexto de alta tensión bilateral caracterizado por operativos en zonas selváticas y en pasos fronterizos compartidos.

De acuerdo con lo reportado, Petro mencionó que el principal desafío reside en la utilización de los ríos y selvas fronterizos para el paso de productos ilícitos, afirmando que la labor conjunta de las armadas de ambas naciones en estos territorios resulta esencial para el combate a estas actividades. El jefe de Estado colombiano añadió que su país está en disposición de colaborar activamente con Ecuador para reforzar la vigilancia en estos sectores críticos. Tal como detalló la fuente, Petro considera prioritario el rastreo de aeronaves que cruzan de manera irregular la frontera y la coordinación binacional para impedir actividades delictivas ligadas al narcotráfico.

Mientras tanto, la relación diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador se encuentra marcada por una escalada de tensiones económicas. El medio consignó que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa calificó a Colombia como “su peor socio comercial”, resaltando un déficit en la balanza bilateral de 1.100 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 939 millones de euros, dato que evidencia el desequilibrio en las transacciones entre ambos países.

Según lo publicado, Ecuador decidió aplicar desde el pasado viernes un impuesto del 50% a productos colombianos que cruzan hacia su territorio. Noboa fundamentó esta medida alegando un “descuido absoluto de la frontera” que requería una respuesta inmediata en términos de protección económica y de controles. En reciprocidad, Colombia incrementó su propio arancel desde el 30% hasta el 50% sobre más de cien artículos ecuatorianos, incluyendo bienes como la sal y el azufre, lo que representa una respuesta directa a la política comercial de Quito.

Esta política de aranceles punitivos no surgió de manera repentina. El medio recordó que la administración de Petro aplicó inicialmente un arancel del 30% a una lista mayor a veintitrés productos ecuatorianos, en reacción a la llamada “tasa de seguridad” impuesta por Ecuador sobre importaciones colombianas desde el 1 de febrero. Así, ambas naciones han endurecido sus posturas en una dinámica de acciones y represalias que afecta el flujo de mercancías y la economía fronteriza.

El conflicto comercial se intensificó a partir de enero, fecha en la que las autoridades ecuatorianas anunciaron la imposición de un gravamen del 30% a los productos de origen colombiano. A este incremento de los aranceles, se sumó el aumento de más de un 900% en el costo del transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano, lo que impactó de manera directa en el sector energético y los acuerdos binacionales. El medio subrayó que dichas decisiones formaron parte de una estrategia por parte de Quito para defender su economía frente al desequilibrio comercial, aunque desencadenaron respuestas inmediatas y duras por parte de Bogotá.

En cuanto a la seguridad, Petro enfatizó que la supervisión en puntos estratégicos como puertos, aeropuertos y pasos irregulares cobra relevancia dada la creciente participación de actores ecuatorianos en el tráfico internacional de droga. El mandatario colombiano insistió en que este fenómeno no solo compromete a su país, sino que extiende sus repercusiones a toda la región y requiere estrategias concertadas para afrontarlo. La colaboración transfronteriza entre fuerzas militares y la aplicación de tecnologías de monitoreo, como el radar en Ipiales, se presentan como medidas dirigidas a interrumpir las rutas utilizadas para el trasiego ilegal.

Mientras tanto, la economía y los intereses comerciales permanecen en el centro del conflicto. La sucesión de gravámenes y la aplicación de medidas recíprocas continúan alterando la dinámica de intercambio en la zona, con consecuencias para sectores productivos de ambos lados de la frontera. Las recientes declaraciones y acciones de ambos gobiernos, según lo consignado por el medio, reflejan la interrelación entre desafíos de seguridad, comercio exterior y relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.