
Durante el primer semestre de 2025, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) denegó a Israel licencias que involucraban tecnologías y materiales muy diversos, entre los que se encontraban conjuntos de detonadores no eléctricos, módulos de encriptación, equipos de telecomunicación, convertidores digitales, químicos industriales como fluoruro de sodio, ácido fluorhídrico y otros productos estratégicos. Estos datos formaron parte de la intervención de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, quien compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las decisiones adoptadas respecto a las transferencias de material de defensa hacia Israel, en el contexto del embargo impulsado por el Gobierno español desde octubre de 2023 tras el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza y Cisjordania.
Según detalló el medio, desde el 7 de octubre de 2023, fecha de la ofensiva israelí motivada por el ataque de Hamás, España empezó a aplicar fuertes restricciones al comercio de material de defensa y tecnología de doble uso con el Estado hebreo. Según publicó la fuente, entre octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026, el Ejecutivo denegó un total de 219 licencias de exportación e importación a Israel, de las cuales 64 correspondieron a exportaciones y cuatro a importaciones exclusivamente vinculadas al sector de defensa. El resto corresponden a solicitudes relacionadas con tecnología de doble uso, productos que se pueden aplicar tanto en el ámbito civil como en el militar.
La comparecencia de López Senovilla incluyó también cifras y ejemplos específicos de licencias anuladas. En el segundo semestre de 2024, la Junta Interministerial rechazó 47 licencias que afectaban a materiales como tornos multiproceso, antenas, sistemas antidron, software, piezas de repuesto para robots, microcircuitos, trietanolamina, hornos de inducción, reactivos de laboratorio, explosivos, mecha detonante, sensores solares y circuitos integrados con tecnología láser, entre otros. El medio consignó que se identificaron siete denegaciones directas de licencias en materia de productos de alta tecnología, como módulos de seguridad para encriptación y cámaras técnicas, lo que refleja la amplitud de la restricción española respecto a tecnologías sensibles.
La autoridad competente precisó además la política española relativa a las exportaciones de tecnología hacia Israel desde la aprobación formal del embargo. Según el 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' correspondiente a 2024 y la primera mitad de 2025, España exportó hacia Israel productos valorados en 1,45 millones de euros. No obstante, la secretaria de Estado subrayó que todo este material se destinó a componentes en tránsito, cuyo destino final corresponde a terceros países, principalmente Filipinas y Estados Unidos. López Senovilla remarcó que no existió autorización alguna para exportaciones con destino definitivo en Israel durante este periodo. El primer semestre de 2025 tampoco registró ventas de material de defensa para el Estado hebreo.
El medio también informó que 21 licencias fueron revocadas bajo la normativa establecida, aunque los detalles específicos de esas revocaciones no se expusieron durante la comparecencia. López Senovilla defendió la vigencia del embargo como parte de la política sostenida por España desde hace décadas. De acuerdo con su testimonio, las restricciones estrictas a la exportación de armamento y equipamiento letal a Israel se mantienen desde 2001, año de la Segunda Intifada, momento a partir del cual no se han concedido autorizaciones para transferencias definitivas de ese tipo de material hacia el Estado hebreo.
El marco jurídico español contempla excepciones justificadas a la aplicación del embargo. Según relató la secretaria de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa y reportó el medio, el Consejo de Ministros autorizó el 23 de diciembre una excepción para programas aeronáuticos con un elevado potencial exportador. Los proyectos A400M, A330MRTT y C295 recibieron autorización tras argumentar que su veto comprometería los intereses generales del país en materia industrial, tecnológica y de empleo. Esta excepción quedó amparada bajo la normativa del real decreto ley y se presentó como necesaria para evitar perjuicios a la industria nacional.
La información publicada indica que, en paralelo a la implantación del embargo, el Ministerio de Defensa había anunciado meses antes un 'plan de desconexión' gradual respecto a la industria militar israelí. El objetivo del plan consistía en sustituir productos o tecnologías israelíes por alternativas que no mermaran las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. No obstante, el medio advirtió que persistían dudas sobre algunos componentes específicos, especialmente aquellos relacionados con tecnología de inteligencia o equipamiento especializado, donde el propio Ministerio de Defensa reconoció existencia de cierta dependencia tecnológica.
Según señaló el medio, la ministra Margarita Robles cerró el vínculo industrial en materia de defensa con el Estado hebreo en septiembre del mismo año, declaración que, junto con el informe entregado por la Secretaría de Estado de Comercio, confirma una tendencia sostenida hacia la desvinculación y la restricción casi total en el tráfico de materiales de defensa y doble uso entre ambos países desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza y Cisjordania.
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